Finalmente las triquiñuelas de la "legalidad" permiten no pagar a Saramago. Le salva el Tribunal Supremo. En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Montero Fernández, el Supremo reconoce que Saramago "adoptó una actitud claramente obstruccionista" con Hacienda.
Pero no se puede entender, alegan los jueces del alto tribunal tras analizar la documentación, que la inspección se prolongara exclusivamente por culpa de Saramago, aun teniendo en cuenta "el grado de complejidad y dificultad" de la actuación de la agencia tributaria, entre otros motivos por estar implicadas las administraciones de varios miembros de la UE.
La Hacienda española entendió que el escritor tenía su vivienda permanente desde 1993 en Tías, poseía tarjeta de residente en España, estaba empadronado en ese ayuntamiento canario y recibía ingresos de entidades españolas como el diario El País, la Fundación Duques de Soria, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) o la Complutense de Madrid. Por tanto, debía responder ante el fisco español y no el portugués.