Uno de cada cinco inmigrantes que residen en Canarias podrían quedarse sin atención sanitaria en los próximos meses como consecuencia de las reformas aprobadas por el Gobierno, que privan a los extranjeros irregulares del acceso al servicio público de salud, salvo casos de urgencia.
Así lo han advertido hoy en Las Palmas de Gran Canaria varias organizaciones y asociaciones de defensa de los inmigrantes, como la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que consideran que se deja a este colectivo en una total indefensión.