MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
En España puede ocurrir que el chófer de un empresario pague más impuestos que el propio patrón. Las excesivas facilidades que ofrece actualmente el impuesto de sociedades, tal cual está planteado, provoca que las grandes compañías minimicen e incluso eludan el pago de sus obligaciones fiscales. Y esto es porque las
micro empresas que facturan entre 6.000 y 60.000 euros tributan a un tipo efectivo del
23,9%; las que ingresan
entre seis y 12 millones lo hacen al
21,2%; y las multinacionales que facturan
más de 180 millones al
19,5%.
Estos tipos crean una desigualdad que hace que sea relativamente sencillo evadir impuestos en España. De hecho, el cuerpo de técnicos del Ministerio de Hacienda asegura que las grandes fortunas y las corporaciones empresariales son responsables del 71% de la evasión tributaria total, lo que, en opinión del secretario general de Gestha,
José María Mollinedo, “está en consonancia con la gran cantidad de billetes de 500 y 200 euros que hay en nuestro país (el 72% del efectivo)”.
A esta brecha fiscal hay que sumarle los
múltiples casos de “conflictos” en la aplicación de la ley tributaria, en la que, por ejemplo, personas con grandes fortunas crean sociedades para reducir su carga impositiva, o incluso fijan su residencia fiscal en otro país para esquivar los impuestos españoles. Este es el caso del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, que en plena campaña del Gobierno español contra la evasión de capitales fuera de nuestras fronteras, la pasada semana comunicó su intención de llevarse su “fortuna” a Suiza. La mejor prueba de que desde hace años el Gobierno ha puesto “la lupa” sobre las rentas de los autónomos y pymes, en lugar de perseguir a las grandes empresas.
En Canarias, por ejemplo, los trabajadores y pensionistas declararon, según la última estadística de 2010, una media de 5.900 euros más (52%) que los pequeños empresarios y profesionales, y alrededor de 6.700 euros más, si se comparan con las grandes empresas.
Para Mollinedo, la “miopía” de la Agencia Tributaria para enfrentarse al fraude de las multinacionales es “obvia”, puesto que “no es creíble que un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, médico o arquitecto”. De ahí que el Archipiélago sea una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de economía sumergida, en torno al 25%. “Hacienda está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada y centrada en lo más fácil, que es el control de las rentas más bajas, en lugar de inspeccionar las bolsas más grandes de fraude, que son las que representan las grandes fortunas”, apostilla.
Un dato. La Agencia Tributaria concentra el 80% de sus recursos a investigar a autónomos, pymes y asalariados. El motivo, según Mollinedo, no es otro que “cumplir con los objetivos”. Inspeccionar a los pequeños es mucho más fácil y así Hacienda se asegura los objetivos, aunque “no impide que la economía sumergida crezca, lo que provoca una propensión al fraude muy elevada”. Por este motivo, desde Gestha se ha propuesto al Ejecutivo utilizar todos los mecanismos a su disposición para investigar a los que realmente evaden sus impuestos, y poner en marcha una “armonización fiscal en el impuesto de sociedades, para evitar la huida masiva de grandes fortunas a otros países”.
Sin embargo, en un intento por acabar con los defraudadores, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva meses poniendo en marcha una serie de medidas para controlar la economía sumergida pero que, al final, no han dado el resultado esperado.
Tras el fiasco de la amnistía fiscal, que no llegó a recaudar ni el 10% del objetivo inicial, el ministro anunció la pasada semana la intención de publicar una lista con los defraudadores de Hacienda, tal y como hacen Irlanda o Inglaterra. El anuncio de Montoro se produjo justo un día después de lanzar una clara advertencia a los medios de comunicación más críticos a los que aconsejó que pagasen sus impuestos puntualmente.
El ministro imitaba así a lo ocurrido hace unas semanas en Gran Bretaña, cuyo Gobierno acusó públicamente a las grandes Google, Amazon y Starbucks de “evadir sus impuestos”, lo que provocó concentraciones ante la sedes de esta última. En opinión del secretario general de Gestha, esta medida, además de no ajustarse a la legalidad, no serviría de mucho, ya que “si Hacienda tiene los nombres de los que defrauda, lo que tiene que hacer es obligarles a pagar”.
Mollinedo asegura que si Hacienda investigara realmente el dinero de la amnistía ingresaría 8.700 millones de euros. La amnistía, aprobada a finales de marzo por el Ejecutivo y finalizada el pasado 30 de noviembre, solo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la evasión de impuestos, lo cual “supone un agravio comparativo para las empresas y contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales”. Además, el montante total del patrimonio aflorado solo ha supuesto el 3,9% de los impuestos evadidos y las tres amnistías anteriores (1977, 1984, y 1991) “tampoco dieron resultado”. “Lo que los contribuyentes quieren”, advirtió, “es que si Hacienda conoce una gran empresa o club de fútbol que evade o no paga sus impuestos, que los obligue a pagar”.
El presidente de la asociación de autónomos de Canarias (ATA),
Juan Carlos Arricivita, sin embargo, alabó esta iniciativa y señaló que le parece “justo” que si una empresa, sea grande o pequeña, “no paga sus impuestos, que se sepa, al igual que ocurre con las listas de morosos en las comunidades de vecinos”. Arricivita indicó que la alta morosidad de la administración pública, unida a la falta de crédito de los bancos, ha provocado el cierre de muchas pymes. “Al pequeño no se le perdona nada, mientras a la gran empresa se le permite acumular deudas”. El sistema tributario español debe ir enfocado a que “pague el que más tiene” y “tender a la protección del pequeño”. Sin embargo, indicó,
se está favoreciendo la economía sumergida. Se puede decir que hasta está “bien visto” evadir al fisco.
