EFE
Uno de cada cinco inmigrantes que residen en Canarias podrían quedarse sin atención sanitaria en los próximos meses como consecuencia de las reformas aprobadas por el Gobierno, que privan a los extranjeros irregulares del acceso al servicio público de salud, salvo casos de urgencia.
Así lo han advertido hoy en Las Palmas de Gran Canaria varias organizaciones y asociaciones de defensa de los inmigrantes, como la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que consideran que se deja a este colectivo en una total indefensión.
Canarias cuenta con unos 200.000 inmigrantes, lo que supone el 10 por ciento de la población, y de ellos, unos 40.000 pueden estar en situación irregular y verse afectados por los recortes, aunque la cifra es aproximada debido a la dificultad de conocerla con exactitud.
El colectivo de inmigrantes es además el más castigado por la reforma laboral, pues sobre él recaen los empleos más baratos y más recientes, por lo que muchos de ellos se están quedando sin trabajo con la nueva legislación.
A ello se une que la Ley de Extranjería establece que cuando un inmigrante pierde el trabajo, pierde también el derecho a la residencia en España, por lo que se le priva de su identidad, según el portavoz de Intersindical Canaria.
En su opinión, la medida decidida por el Gobierno es "racista y xenófoba" y vulnera los derechos humanos al negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes.
Entre ellos, hay personas que sufren enfermedades crónicas y que ahora ya no podrán continuar recibiendo asistencia médica, lo que les sitúa en una situación muy vulnerable, ha asegurado Beotegui.
Mercy Yáñez, portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que cuenta con 22 organizaciones asociadas en Canarias, considera que el Gobierno "alienta la xenofobia" al hacer creer a los ciudadanos que los inmigrantes les quitan el trabajo y sus derechos a pesar, de que "no somos el enemigo".
Durante muchos años los inmigrantes han contribuido a la economía de España, "éramos mano de obra barata, pero ya no nos necesitan" con la llegada de la crisis, ha lamentado Yáñez.
Beotegui también ha denunciado los recortes en educación que afectan a los inmigrantes, quienes a partir de ahora no podrán ser beneficiarios de becas universitarias.
Se trata de "un sistema clasista" que penaliza a los inmigrantes y les impide acceder a las ayudas educativas a pesar de su contribución a la economía y a la sociedad españolas, según el portavoz de Cobas Canarias, Rafael Segura.
En su opinión, es falso que los sistemas sanitarios y educativo tenga una balanza desfavorable debido a los inmigrantes como se quiere hacer creer, pues durante muchos años han aportado más de lo que han recibido y ahora se quedan fuera, ha dicho Segura.
Los portavoces de los inmigrantes han alentado a éstos a manifestarse mañana con motivo del Día del Trabajo para exigir los derechos de los que el Gobierno les priva y han recordado que son unos trabajadores más, como el resto de la sociedad.
Uno de cada cinco inmigrantes que residen en Canarias podrían quedarse sin atención sanitaria en los próximos meses como consecuencia de las reformas aprobadas por el Gobierno, que privan a los extranjeros irregulares del acceso al servicio público de salud, salvo casos de urgencia.Así lo han advertido hoy en Las Palmas de Gran Canaria varias organizaciones y asociaciones de defensa de los inmigrantes, como la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que consideran que se deja a este colectivo en una total indefensión.
Canarias cuenta con unos 200.000 inmigrantes, lo que supone el 10 por ciento de la población, y de ellos, unos 40.000 pueden estar en situación irregular y verse afectados por los recortes, aunque la cifra es aproximada debido a la dificultad de conocerla con exactitud.
El colectivo de inmigrantes es además el más castigado por la reforma laboral, pues sobre él recaen los empleos más baratos y más recientes, por lo que muchos de ellos se están quedando sin trabajo con la nueva legislación.
A ello se une que la Ley de Extranjería establece que cuando un inmigrante pierde el trabajo, pierde también el derecho a la residencia en España, por lo que se le priva de su identidad, según el portavoz de Intersindical Canaria.
En su opinión, la medida decidida por el Gobierno es "racista y xenófoba" y vulnera los derechos humanos al negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes.
Entre ellos, hay personas que sufren enfermedades crónicas y que ahora ya no podrán continuar recibiendo asistencia médica, lo que les sitúa en una situación muy vulnerable, ha asegurado Beotegui.
Mercy Yáñez, portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que cuenta con 22 organizaciones asociadas en Canarias, considera que el Gobierno "alienta la xenofobia" al hacer creer a los ciudadanos que los inmigrantes les quitan el trabajo y sus derechos a pesar, de que "no somos el enemigo".
Durante muchos años los inmigrantes han contribuido a la economía de España, "éramos mano de obra barata, pero ya no nos necesitan" con la llegada de la crisis, ha lamentado Yáñez.
Beotegui también ha denunciado los recortes en educación que afectan a los inmigrantes, quienes a partir de ahora no podrán ser beneficiarios de becas universitarias.
Se trata de "un sistema clasista" que penaliza a los inmigrantes y les impide acceder a las ayudas educativas a pesar de su contribución a la economía y a la sociedad españolas, según el portavoz de Cobas Canarias, Rafael Segura.
En su opinión, es falso que los sistemas sanitarios y educativo tenga una balanza desfavorable debido a los inmigrantes como se quiere hacer creer, pues durante muchos años han aportado más de lo que han recibido y ahora se quedan fuera, ha dicho Segura.
Los portavoces de los inmigrantes han alentado a éstos a manifestarse mañana con motivo del Día del Trabajo para exigir los derechos de los que el Gobierno les priva y han recordado que son unos trabajadores más, como el resto de la sociedad.