Los parlamentos regionales, que suman en total 1.228 diputados en España, costarán en 2.012, casi 400 millones de euros. Lo alarmante de la cifra es la discrecionalidad que va desde los 165.152 que cuestan los de La Rioja, a los 429.167 los de Canarias, los más costosos de toda España. Los de Andalucía con 109 escaños -frente a los 60 de Canarias- cuestan 427.982. La media está muy por debajo del coste de los parlamentarios canarios: 319.210 euros. Entre todos los parlamentos autonómicos salen por el doble que el Congreso y el Senado juntos.
A la numerosa nómina de diputados regionales que hay en España hay que añadir las no menos extensas plantillas de funcionarios al servicio de las Cámaras legislativas y una nutrida nómina de “colocados” por los partidos políticos, que incluye al llamado personal de confianza, asesores de todo tipo y los servicios de comunicación de los grupos parlamentarios. Y si a esto se añaden los ostentosos gastos en decoración de despachos e instalaciones, los costes de mantenimiento de edificios, suministros, telefonía –la factura global entre todos los parlamentos regionales es de muchos millones de euros-, coches oficiales, gastos de representación, así como viajes, dietas… etc., se comprenderá que este desorbitado gasto no hay economía que pueda soportarlo.
El Parlamento de Canarias, que comenzó solo con la sede de la antigua Diputación, se fue expansionando continuamente. A los edificios añadidos que dan a la calle del Castillo –cuya expropiación además se hizo defectuosamente por lo que tuvo un coste superior al previsto- hay que añadir la incomprensible compra del antiguo edificio de la Telefónica, aún sin utilizar, y que se pretendía unir al edificio principal a través de un pasadizo subterráneo en la calle de Teobaldo Power, por completo innecesario y que motivó en su día la airada queja de varios concejales en la Comisión de Urbanismo municipal. Y en plena crisis, el Parlamento de Canarias, en esta nueva legislatura que comenzó tras las elecciones de mayo de 2011, contrató por unos 70.000 euros las “obras de remodelación de tabiquería” para “reubicar a los grupos parlamentarios”.
Pero con ser todo esto muy grave, lo peor, porque atenta a los cimientos de la propia Democracia, es que los diputados canarios se niegan a que sus retribuciones se hagan públicas –a diferencia de lo que ocurre con diputados a Cortes y Senadores- dando como pretexto que de conocerse sus cuantías podría afectar a la seguridad de Sus Señorías.