ALFONSO SORIANO
El gasto desmadrado de las autonomías es en gran parte el causante del elevado déficit público, que tan caro nos está costando. Según datos del Diario ABC, los parlamentos regionales, que suman en total 1.228 diputados en España, costarán en 2.012, casi 400 millones de euros. Lo alarmante de la cifra es la discrecionalidad que va desde los 165.152 que cuestan los de La Rioja, a los 429.167 los de Canarias, los más costosos de toda España. Los de Andalucía con 109 escaños -frente a los 60 de Canarias- cuestan 427.982. La media está muy por debajo del coste de los parlamentarios canarios: 319.210 euros. Entre todos los parlamentos autonómicos salen por el doble que el Congreso y el Senado juntos.
A la numerosa nómina de diputados regionales que hay en España hay que añadir las no menos extensas plantillas de funcionarios al servicio de las Cámaras legislativas y una nutrida nómina de “colocados” por los partidos políticos, que incluye al llamado personal de confianza, asesores de todo tipo y los servicios de comunicación de los grupos parlamentarios. Y si a esto se añaden los ostentosos gastos en decoración de despachos e instalaciones, los costes de mantenimiento de edificios, suministros, telefonía –la factura global entre todos los parlamentos regionales es de muchos millones de euros-, coches oficiales, gastos de representación, así como viajes, dietas… etc., se comprenderá que este desorbitado gasto no hay economía que pueda soportarlo.