JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de TenerifeLa sanidad universal y gratuita ha dejado de convertirse en un derecho en España, al menos para todos aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular. Para este colectivo, al que el Gobierno central dejó sin asistencia hace un año, la consejería autonómica que dirige Brígida Mendoza prometió articular vehículos que permitieran seguir prestándoles ayuda básica, más allá de las especificidades (menores, embarazadas, pacientes oncológicos y urgencias) que ofrece la ley.
Sin embargo, y a pesar de que el departamento de Mendoza presentó a bombo y platillo unos convenios que permitirían dar cobertura a los sin papeles, lo cierto es que a día de hoy solo 74 personas han obtenido una tarjeta sanitaria provisional, de entre los más de 48.500 inmigrantes irregulares que se quedaron fuera del sistema.
Requisitos “imposibles”
Además de acreditar que sus ingresos son inferiores a 532 euros y que viven en Canarias desde hace más de un año, para acceder a la tarjeta sanitaria especial los inmigrantes deben presentar un certificado de bienes y rentas de su país de origen, copia del pasaporte, copia del libro de familia, un certificado de bienes emitido por la dirección general del catastro, certificado de carecer recursos económicos en su país de origen y un certificado de ingresos de la Agencia Tributaria. Quien cumpla todos estos requisitos puede presentar la solicitud de alta y la documentación necesaria en los centros de salud, consultorios locales, gerencias de Atención Primaria y gerencias de servicios sanitarios dependientes del SCS. La consejería recuerda que no se incluyen las situaciones especiales contempladas en el Decreto Ley 16/2012, esto es, embarazadas, menores de 18 años, urgencias, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional. Tampoco entran la facturación a terceros obligados al pago, la facturación al país de origen, las personas con procesos abiertos o en listas de espera y personas con enfermedades infectocontagiosas.