Antonio F de la Gándara/Canarias7
Los magistrados Virginia Peña Hernández (Juzgado de Instrucción número 2 de Telde) y Javier García García-Sotoca (Instrucción siete de Las Palmas de Gran Canaria) dijeron este viernes, en la jornada de clausura de la XI Semana de Derecho Penal de Las Palmas, que investigar la corrupción política en España es una tarea harto difícil ante la escasez de medios que ofrece la administración para permitir las pesquisas judiciales, y se mostraron muy críticos con el inminente cambio que proyecta el Ministerio de Justicia para ceder la dirección de la investigación penal al fiscal, dejando al juez como un garante de Derechos.
Especialmente cáustico se mostró el magistrado que en su día instruyó el multicéfalo caso Faycan, Javier García García-Sotoca. Tras repasar la precarias condiciones en las que se permite a los jueces investigar la corrupción, expuso: «El día que el Poder Judicial tenga un epígrafe –como la Corona– para que podamos gestionar nuestro propio presupuesto, a lo mejor empezaremos a hablar de independencia judicial . Hasta que no tengamos esos elementos, estamos donde estamos, investigamos hasta donde podemos y luego, según va subiendo el procedimiento, llega el tío paco con la rebajas, primero la Audiencia, después el Supremo y después el Constitucional, y si en esta situación, encima le dan la instrucción a los fiscales, yo me voy a Nueva Zelanda, que hay buen rugby y un sistema judicial que funciona».
A Garcia-Sotoca le había calentado una pregunta del público sobre el tan cacareado transvase de poderes que proyecta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para ajustar el paso de España al europeo y poner al fiscal al frente de la investigación penal. Su colega Virginia Peña había enmarcado previamente la postura en la que ambos coincidieron: «Desde el punto de vista de la cualificación, tanto los jueces como los fiscales tenemos la misma preparación (...); desde el punto de vista de la unificación de carreras tampoco me parece mal. Pero lo que me parece es, que si se hace, debería modificarse el Estatuto del Fiscal.
Alguien del público preguntó a la magistrada si se refería a las «escasas garantías de independencia» que actualmente ofrece el guión al que se ajusta por ley el Ministerio Público, español, y la juez respondió: «Sí».
Probablemente contagiada por la ironía con la que estaba hablando su compañero García-Sotoca –por otro lado, muy poco dado a las salidas de guión con la toga puesta–, Peña Hernández permitió que se la escuchara sin los rigores del almidón forense: «También entiendo que los jueces de instrucción hemos molestado mucho en los últimos años, y no sé si los fiscales molestarán igual que nosotros», detalló.