Silvia Fernández / Las Palmas de Gran Canaria
El plan del Gobierno para aflorar la economía sumergida y para que quienes trabajaban al margen de la ley se regularizaran deja un balance de fracaso casi total: solo cinco trabajadores regularizaron su situación entre el 7 de mayo y el 31 de julio, periodo de gracia fijado en el decreto que desarrollaba ese plan gubernamental.
De acuerdo con las estimaciones del sindicato Comisiones Obreras, unas 150.000 personas tienen en Canarias un contrato en fraude de ley.
En abril, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-Ley para luchar contra la economía sumergida. En él se contempló el citado periodo voluntario para dar de alta a los trab ajadores en situación irregular, concediendo a cambio que no se procediera a la aplicación de sanciones.