La decisión del PP de introducir una enmienda en los presupuestos generales de 2016 para conseguir que la Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria tenga el rango de bien de
"utilidad pública e interés social"
para evitar su derribo ha sido valorada positivamente por el grupo de gobierno
municipal aunque con matices. Al emblemático edificio no le quedaba más
recorrido jurídico para salvarlo del derribo tras fallar
en dos ocasiones el
Tribunal Supremo que la biblioteca vulneraba el planeamiento urbanístico de la
ciudad y ordenaba su derribo mientras que el Tribunal
Constitucional confirmaba su demolición.