Es difícil medir el volumen de la
economía sumergida, esa que elude obligaciones tributarias y controles
administrativos. Sin embargo, hay pistas que permiten vislumbrar su
dimensión y, sobre todo, su crecimiento a lo largo de la crisis
económica. Una de estas pistas resulta de cruzar los datos de
ocupación de la Encuesta de población activa (EPA) con los datos de
afiliación del Ministerio de Empleo, lo que pone de manifiesto una
preocupante realidad: la incipiente recuperación de la economía no evita
que siga aumentando el número de personas que trabajan en negro
en Canarias. Tan es así, que el Archipiélago tiene hoy 46.000 ocupados
menos que en 2008 pero 30.000 más sin regularizar o fuera de la ley (sin
contrato, por ejemplo).En el período enero-marzo de 2008, ese que se convertiría en el primer año sumido de lleno en las estrecheces (la crisis estalló en octubre de 2007 con el capítulo de las hipotecas subprime o basura), había en el Archipiélago, exactamente, 857.400 ocupados. Ocho años después, con arreglo a los datos de la última EPA (la del primer trimetres del año), los ocupados son 811.800, es decir, 45.600 menos. Unas cifras que evidencian la brusca destrucción de empleo que caracterizó los años más duros de la crisis pero que igualmente muestran cierta recuperación del mercado laboral. No en vano, los ocupados apenas eran 719.800 a mediados de 2013, cuando las estrecheces hacían más estragos que nunca entre los presupuestos públicos, las cajas de las empresas y los bolsillos de los ciudadanos. Pero, con todo, este reciente incremento de la cantidad de personas que afirman estar empleadas no coincide con la disminución del número de quienes se ven obligados a trabajar en B. De hecho, son cada vez más los canarios que han de buscarse la vida sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social.