Más de 3.000 familias se quedan cada año sin percibir el salario social que ofrece el Gobierno regional a través de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), dirigida a personas en exclusión. La crisis que sacude al Archipiélago, con un récord histórico de 296.362 desempleados en mayo y 120.000 hogares con todos sus miembros en paro, ha disparado las solicitudes para cobrar esta ayuda, que oscila entre los 450 y 650 euros al mes. Más de 18.000 familias distintas se han beneficiado de la PCI desde su creación en 2007.
La administración autonómica recibe cada año más de 5.000 nuevas peticiones, aunque ello no implica que todas tengan derecho a la ayuda, matizan desde el área que gestiona Inés Rojas. En concreto, en 2010 se presentaron 5.945 instancias, mientras que en 2011 se redujeron a 5.525 y un año más tarde 5.557. De las registradas en 2012, 2.180 nuevos expedientes lograron una resolución positiva, mientras que 3.377 casos no obtuvieron luz verde.
