Mohamed está en paro, sufre de diabetes y es uno de los inmigrantes a los que la sanidad canaria dejará sin cobertura por llevar menos de un año empadronado en las islas, pero su azúcar no da tregua y cada día debe enfrentarse a un tratamiento de insulina que no sabe cómo pagar.
El es una de las 5.398 personas que en Fuerteventura se quedaron sin tarjeta sanitaria tras la aprobación del decreto y su caso fue dado a conocer a los medios de comunicación por la Mesa Ciudadana hace unas semanas poco antes de que la Consejería de Sanidad decidiera recular y abrir las puertas de los centros de salud a los extranjeros indocumentados, bajo determinadas condiciones.La alegría inicial del joven, tras conocer la decisión del Gobierno canario, se truncó al saber que entre los requisitos, además de cobrar menos de 532 euros al mes, figuraba el de estar empadronado en algún municipio de las islas durante más de un año.
Además, para acceder a la asistencia sanitaria los inmigrantes deben presentar un certificado de bienes y rentas de su país de origen, copia del pasaporte y del libro de familia, un certificado de bienes emitido por la dirección general del catastro, un certificado de carecer de recursos económicos en su país y otro de ingresos de la Agencia Tributaria Estatal.
La decisión de la Consejería de Sanidad no ha tardado en ser rechazada por los colectivos de inmigrantes al considerar que estos requisitos son imposibles de cumplir por la mayoría de las personas en situación irregular.
Mohamed se queja además de la excesiva documentación que requieren: "cada papel cuesta al menos 40 euros, ya que hay que sellarlo, traducirlo y enviarlo a España, pero yo "no tengo dinero y tampoco mi enfermedad puede esperar".
De momento, gracias a la ayuda de unos amigos ha podido sufragar los 120 euros que le ha costado el primer tratamiento de insulina y que le durará unos 40 días. "No sé cómo podré pagar el resto, porque tampoco consigo trabajo", confiesa.