domingo, 27 de enero de 2013

El Parlamento asigna 18.000 euros al mes a cada grupo y 1.750 por diputado

HARIDIAN MEDEROS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El secreto hasta ahora mejor guardado ve la luz. Un acuerdo interno de la Mesa del Parlamento de Canarias, datado el 7 de abril de 2008, desvela la asignación económica mensual de 18.000 euros para cada grupo presente en el hemiciclo, más 1.750 euros por cada diputado obtenido en las elecciones autonómicas. Esta subvención va destinada a sostener la estructura de los cuatro grupos que integran la Cámara regional: Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), Popular, Socialista y Mixto (NC-PIL). En suma, el Parlamento reparte cada mes 177.000 euros para que los 60 diputados donde reside la soberanía del pueblo canario puedan ejercer su actividad parlamentaria y atender las reivindicaciones de ciudadanos y asociaciones de toda índole. El importe se eleva a dos millones de euros al año, sin contar los sueldos de 50 de los 60 diputados que componen la Cámara regional y las dietas que les corresponden por alojamiento y manutención.

Según el acuerdo de la Mesa, al Grupo Nacionalista y al PP, con 21 diputados cada uno, le corresponden cada mes 54.750 euros; seguidos del PSC-PSOE, con 44.250 y el Grupo Mixto con 23.250 euros. Las cuentas parlamentarias para el presente año ascienden a 24.853.788 euros y de esta cifra se surten también sus tres instituciones dependientes: Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Diputado del Común. Corresponde a la Mesa de la Cámara, presidida por Antonio Castro (CC), la redistribución y gestión de los fondos.

La crisis y el escándalo por los presuntos sobresueldos en dinero negro que, según el extesorero del PP Luis Bárcenas, cobraba parte de la cúpula nacional de este partido, ha colocado en el ojo del huracán las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios, que, en todo caso, son de carácter totalmente legal. Aunque los grupos declaran asumir "a rajatabla" el control interno del destino de esta partida, no tienen la obligación de presentar sus facturas o compromisos contraídos ante ningún órgano fiscalizador interno o externo a la Cámara.