Sin embargo, hay una parte del entramado económico que queda al margen de las cifras pero que sufre mucho más los efectos de esta crisis. Se trata de los miles de empleados que trabajan en la economía sumergida, sin contrato, con condiciones precarias y que cobran en negro mes a mes
Tras decretarse el estado de alarma la práctica totalidad de estos trabajadores ha encontrado de la noche a la mañana sin trabajo y sin ningún tipo de ingreso, ya que no forman parte de la actividad regular y por tanto no se pueden acoger a ERTE ni nada que se le parezca. Están totalmente desprotegidos. En algunos casos podrán aspirar a cobrar la renta mínima que planea el Gobierno pero no es de muchos de ellos, inmigrantes que viven de forma irregular en las islas y que al no tener papeles no pueden aspirar a ninguna ayuda pública. En estos casos su única opción son las organizaciones sociales como Cáritas o la Cruz Roja, donde desde mediados de marzo acuden a buscar alimentos para comer.
El problema se da en todo el archipiélago pero fundamentalmente en Lanzarote y Fuerteventura y en los sures de las islas capitalinas, donde se concentran las actividades vinculadas a los servicios (turismo, comercio...) y que son, junto a la agricultura, la construcción, el hogar y los cuidados a las personas, las que más engordan las cifras de economía sumergida de las islas. La recuperación más tardía del sector turístico es precisamente una de las preocupaciones de muchos de estos trabajadores, empleados en cocinas de restaurantes y pequeños bazares.
Canarias es una de las regiones con mayor volumen de economía sumergida. Los últimos estudios realizados en 2019 por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estiman que la actividad en negro en las islas asciende al 26% del PIB, lo que representa una cuarta parte de la riqueza que se genera en Canarias. La media nacional es del 23%