En el informe se llama la atención sobre el «incremento exponencial de quejas relativas a embargos en cuenta corriente por la vía de apremio, generalmente, tras un procedimiento irregular en cuanto a las notificaciones, con lo que el interesado la primera noticia que tiene es cuando se le detraen cantidades de su cuenta». Pero «lo que resulta más preocupante es que en la mayoría de los casos, se produce sobre sueldos y pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional» (SMI). Esto va «en contra de los límites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil». El Diputado del Común se queja de que «sigue siendo el denominador común la falta de respuesta de las Administraciones Públicas a las peticiones de los ciudadanos» y también persiste el hecho de que la reacción se produce sólo cuando interviene la institución. El principal motivo de disputa es la exigencia «indebida» de pagar el IBI, la plusvalía y el impuesto de circulación.