RUINA TOTAL

FRANCISCO POMARES Parece que ya no cabe ningún tipo de apelación: la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidió el pasado 6 de noviembre reafirmarse en la nulidad de la operación de compraventa de Las Teresitas, desestimando el recurso de nulidad de actuaciones planteado por el Ayuntamiento. Se trata de un varapalo jurídico a la defensa planteada por el Ayuntamiento chicharrero, pero -por encima de eso- esta sentencia tiene dos efectos bastante demoledores. Por un lado, refuerza la percepción pública de que -siendo la operación ilegal- tuvo que producirse alguna suerte de contubernio entre políticos, funcionarios y empresarios para que el asunto siguiera adelante. La sentencia recuerda que el expediente no atendió a los procesos legalmente exigidos para cerrar la operación de compraventa por una corporación pública. En efecto, la arquitecta municipal, Pía Oramas, casualmente hermana de la alcaldesa de La Laguna, tasó en su día las parcelas adquiridas por el Ayuntamiento en algo menos de 20 millones de euros, en un informe oficial solicitado por el Ayuntamiento y que en su día la Fiscalía Anticorrupción calificó como "la única valoración de los terrenos del frente de playa que aunaba los requisitos técnicos y legales necesarios" para ser tenida en cuenta. A pesar de esa valoración, la operación se cerró finalmente en 52 millones de euros, lo que -tras última decisión del Supremo- obligará al Ayuntamiento a devolver la playa a sus propietarios (una empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González) que tendrán que pagar por ella la friolera de unos 70 millones, intereses incluidos. Para el Ayuntamiento no es un asunto grave, y tampoco para el interés público, porque la playa que recuperarán Plasencia y González vale hoy mucho menos de lo que costaba cuando ellos la vendieron con enormes plusvalías en 2001. Y es que los terrenos -que fueron comprados por el Ayuntamiento para que Plasencia y González no construyeran- fueron objeto de un convenio urbanístico simultáneo a la compraventa y que reduce a cero la edificabilidad en las once parcelas vendidas. Más allá de responsabilidades penales o administrativas, aún por demostrar, la sentencia ahora conocida supone que el extraordinario negocio realizado por los dos mayores empresarios de Tenerife se ha ido al garete: compraron muy barata la playa días antes de que una sentencia del Supremo permitiera edificar en ella. Se la vendieron al Ayuntamiento por mucho más de lo que les costó y -si es correcta la tasación de Pía Oramas- también por mucho más de lo que valía. Y ahora se ven obligados -también por una decisión del Supremo- a recuperar una playa donde ya no se puede construir, devolviendo hasta el último euro que ganaron.