Cae (por corrupción) otro alto cargo que autorizó las prospecciones

En el centro, la ministra de Agricultura en funciones, García Tejerina, flanqueada por el recién caído Pablo Saavedra y la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. El segundo por la derecha es Federico Ramos, muy recordado en Canarias también.

Saavedra negó durante semanas estar al tanto de las irregularidades detectadas en Acuamed por la Guardia Civil y la justicia, pero ahora se ha sabido que trabajadores de esa compañía se dirigieron a él por carta para denunciar que sufrían presiones para actuar irregularmente a favor de empresa amigas del PP. Las cartas afloraron y con ellas las mentiras de Saavedra y su absoluta inacción ante la podredumbre que tenía delante de sus narices. Es el modus operandi tradicional en estos cargos públicos del PP: les daba lo mismo que lo que hicieran fuera moralmente reprobable o penalmente perseguible. Hacían lo que les salía de los huevos sin reparar en nada. Y así actuaron, vayamos a lo que nos toca, con las prospecciones petrolíferas en Canarias. Todo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente –incluidos los más golfos del lugar- sabía que esa autorización ambiental que se otorgó a Repsol estaba viciada desde el principio al fin, y que si se otorgó la declaración positiva fue por las presiones que se ejercían desde el Ministerio de Industria, ocupado entonces –y ahora en funciones- por José Manuel Soria. “Si no apruebo esa Declaración de Impacto Ambiental”, llegó a decir Federico Ramos delante de varias personas ajenas al ministerio, “los de ahí enfrente [señalando al Ministerio de Industria] me matan”. Y, en una demostración más de la impunidad reinante, añadió: “Nadie ha ido a la cárcel por aprobar una Declaración de Impacto Ambiental”. Tras el secretario de Estado y el director general solo falta ahora que las sospechas sobre el caso Acuamed alcancen al ex ministro Arias Cañete, actual comisario comunitario –por los pelos, eso sí- de Energía y Medio Ambiente. Es la tercera pieza de caza mayor que se ha propuesto abatir el Cabildo de Lanzarote, la única institución canaria que mantiene abiertos los pleitos judiciales de toda índole contra las prospecciones petrolíferas que Soria se empeñó en imponer frente a las costas de esa isla y de las de Fuerteventura.