Los rectores del Parlamento, presidente y secretario
general, dicen que no hay ningún mecanismo reglado para que los
diputados devuelvan los dispositivos móviles -teléfonos, tabletas u
ordenadores- cuando terminen de ejercer su labor. Así que algunos, que
ya han dejado la Cámara, los han entregado y otros en cambio no.Los diputados al tomar posesión de sus escaños, reciben un teléfono móvil y una tableta u ordenador portátil. A través de esos medios electrónicos, el Parlamento sostiene que se ahorra mucho dinero en papel, entre otras cosas, porque las notificaciones se hacen a través de estos aparatos.
Sin embargo, muy pocos diputados saben qué tienen que hacer con los artilugios una vez que abandonan el escaño. La exdiputada y ahora senadora por la Comunidad Autónoma, Maria del Mar Julios, asegura haber firmado un papel en el que «figura la obligación de devolver» al menos, el terminal móvil.
Pero el presidente de la Cámara, Antonio Castro, no sabe nada, ni tampoco el secretario general a quien deriva la cuestión. «No sé qué vamos a hacer», contesta al serle preguntado por si tiene previsto plantear algún mecanismo que obligue a sus señorías a devolver los dispositivos móviles. «No hemos tomado ninguna decisión», asegura.
Castro indica que «es un material que pierde valor con el tiempo» y por eso, deduce, que en las dos legislaturas que lleva al frente del Parlamento, «algunos diputados se han quedado con los aparatos». Eso sí, «yo sé que el criterio es que tengan la tecnología más avanzada», cuando la Cámara convoca el concurso de telefonía.
El exvicepresidente segundo, Manuel Fernández, abandonó el escaño a finales del año pasado. «No recuerdo firmar un papel por el que se me obligaba a devolver el teléfono, sino un recibí cuando me dieron el móvil», explica.
El también exdiputado recuerda que «en la primera legislatura -cuando se empezó a dar un ordenador portátil- algunos lo devolvieron, pero el Parlamento vio que se acumulaban y que nadie los quería recoger ni reutilizar; la tecnología se había quedado obsoleta», aclara.
En el contrato suscrito entre el Parlamento y la operadora de telefonía no figura ninguna obligación pro parte de ésta última de recoger los dispositivos que se devuelvan.