Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, gastó en 2011 solo en alquileres más de medio millón de euros. Al finalizar el actual ejercicio, la entidad habrá pagado casi 400.000 euros más, de modo que el montante ascenderá a alrededor de 900.000 euros.
Tal como consta en la respuesta escrita que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial transmitió al diputado del Partido Popular Felipe Afonso El Jaber, respuesta a la que ha tenido acceso este diario, los cinco almacenes y las siete oficinas que Gesplan ocupó el año pasado costaron a las arcas de la comunidad autónoma, en concepto de alquileres, 520.622 euros. De esa cantidad, prácticamente 447.000 euros fueron destinados para las oficinas de Santa Cruz de Tenerife (en la avenida Tres de Mayo) y Las Palmas de Gran Canaria (calle Francisco Gourié). En las dos islas capitalinas, la empresa pública del Ejecutivo regional cuenta además con sendos almacenes en los municipios de Tacoronte y Telde. La factura de 2011 por alquileres incluye también dependencias en La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, en estas dos últimas solo oficinas.
En lo tocante a este año, la consejería que dirige el nacionalista Domingo Berriel calcula que el uso de estos inmuebles supondrá un gasto de 385.500 euros, de los cuales cerca de 114.000 se pagaron ya en el primer trimestre. Este recorte se debe a la cancelación de los contratos de las oficinas de Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera, cancelación que tuvo lugar en mayo, y de Frontera (El Hierro), en 2011. Sea como fuere, el coste total, el correspondiente a ambos ejercicios, supera los 900.000 euros.
Cabe recordar que Gesplan está inmersa en un polémico Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y que precisamente la reducción del gasto en alquileres fue una de las medidas propuestas por los trabajadores para ahorrar fondos y evitar despidos. Sin embargo, el proceso del ERE ha continuado y el comité de empresa, el martes 6, demandó en juicio a la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anule el expediente, que supuso que 34 empleados perdieran sus puestos. Personal y directivos del ente público están a la espera de que se dicte sentencia.