Un estudio de las universidades de Leiden y Oxford pone precio a la contaminación de la élite del consumo y propone un reparto más justo de los costes desde el principio de ‘quien contamina, paga’
ANA LOZANO DEL CAMPO/EL PAÍS
En el corazón de las políticas ambientales de la Unión Europea está el principio de “quien contamina, paga”, asegura el texto que las articula. Según ese principio, deberían hacerse cargo de más costes quienes más degradación ambiental provocan, que son quienes más consumen y que, además, pertenecen a las rentas más altas. Ahora, un estudio publicado en Communications Sustainability cifra el coste económico del impacto ambiental del top 10% de los consumidores mundiales entre, mínimo, 1.500 y 5.000 billones de euros al año (de 2.000 a 6.500 euros por persona).
El equipo que ha hecho los cálculos, de las universidades de Leiden y Oxford, sugiere que unos impuestos ambientales progresivos, proporcionales a la huella ambiental de los consumidores, serían más justos. “El comportamiento de ese 10%, como viajar en avión a menudo o usar coches grandes, está causando el daño y los responsables políticos tienen la oportunidad de abordar esa diferencia”, explica Inge Schrijver, primera autora. Considera que el enfoque único para todos es, además de menos eficiente, “menos justo”, porque quienes menos consumen acaban “pagando el estilo de vida de otros”.
Proponer una fiscalidad progresiva con fines ambientales no es nuevo. Los impuestos verdes generalizados pueden suponer, proporcionalmente, un mayor esfuerzo económico a las rentas más bajas, como puso de manifiesto el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que empezó en 2018 denunciando la subida del precio de los carburantes. La medida pretendía incentivar la transición ecológica, pero afectaba más a una población obrera, fuera de la capital francesa, que usa más el coche para ir a trabajar.
Schrijver cuenta que, en Países Bajos, igual que en España, el debate gira en torno a la subvención de los combustibles por el aumento de los precios de la energía. En línea con los resultados de su estudio, considera que “los mecanismos de fijación de precios deberían diseñarse específicamente para ser más progresivos. Hay medidas que ayudarían más a los más desfavorecidos que esas exenciones fiscales, como dar ayudas para el aislamiento térmico de las viviendas o la mejora del transporte público”.
La factura saldaría la deuda con el clima y la biodiversidad
Volviendo al estudio, el argumento a favor de gravar más a las rentas más altas es robusto. Estimaron el precio de los impactos ambientales que los mayores consumidores han perpetrado sobre algunos de los procesos fundamentales para la estabilidad de nuestro planeta como ecosistema global. De los nueve límites planetarios definidos en 2009, los umbrales que permiten la vida en la Tierra, solo tomaron los cuatro para los que es posible estimar precios ambientales. Incluso a falta de los otros cinco, el coste del daño causado por el 10% global que más consume se elevó al orden de los miles de billones.
Esta cifra desorbitada es difícil de abarcar sin un contexto. Y esto es lo que termina de dar peso a este estudio: si esa cantidad se recaudase de alguna manera y se destinase a financiar soluciones ambientales, se podría cubrir la brecha que nos aleja de cumplir con los objetivos internacionales de acción climática para 2035 acordados en la COP30, y los de biodiversidad para 2030. Hablamos de unos 589 mil millones y 866 mil millones de euros respectivamente, por lo que, aunque se tratase de inversiones cuantiosas, sobraría dinero.
Volviendo al estudio, el argumento a favor de gravar más a las rentas más altas es robusto. Estimaron el precio de los impactos ambientales que los mayores consumidores han perpetrado sobre algunos de los procesos fundamentales para la estabilidad de nuestro planeta como ecosistema global. De los nueve límites planetarios definidos en 2009, los umbrales que permiten la vida en la Tierra, solo tomaron los cuatro para los que es posible estimar precios ambientales. Incluso a falta de los otros cinco, el coste del daño causado por el 10% global que más consume se elevó al orden de los miles de billones.
Esta cifra desorbitada es difícil de abarcar sin un contexto. Y esto es lo que termina de dar peso a este estudio: si esa cantidad se recaudase de alguna manera y se destinase a financiar soluciones ambientales, se podría cubrir la brecha que nos aleja de cumplir con los objetivos internacionales de acción climática para 2035 acordados en la COP30, y los de biodiversidad para 2030. Hablamos de unos 589 mil millones y 866 mil millones de euros respectivamente, por lo que, aunque se tratase de inversiones cuantiosas, sobraría dinero.
Gravar el consumo individual de alto impacto
El equipo calculó la factura ambiental de los mayores consumidores a escala global, pero también de las principales economías mundiales o de su respectivo continente: Brasil, China, Egipto, Alemania, India y Estados Unidos. Los últimos tuvieron consistentemente las cifras más elevadas, seguidos por China en términos globales, pero por Alemania en valores por habitante. En términos per cápita, la factura estadounidense se movería entre los 16.600 y los 55.000 euros anuales, entre un 6 y un 20% de sus ingresos, o entre un 0,8 y un 3% de su riqueza.
“Espero que estos resultados refuercen el mensaje de que quienes más contribuyen a crear estos problemas también deberían ser quienes más contribuyan a solucionarlos. A nivel mundial, esto incluye a muchas personas en Europa y en Estados Unidos, pero dentro de Europa también conviene diferenciar y centrarse en las actividades y sectores más contaminantes, como la aviación, la conducción de automóviles de gran tamaño, las dietas ricas en carne y los combustibles fósiles”, enfatiza Schrijver, cuyo estudio también trata de incentivar a las administraciones para que tomen medidas.
Jeroen van den Bergh, que no participa en el estudio y lidera el grupo de Economía Ambiental y Climática en la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), apoya estas tesis y considera que “existen sólidos argumentos para extender el principio de ‘quien contamina, paga’ al consumo individual de alto impacto, especialmente al de lujo, al tiempo que se protegen necesidades básicas y se evitan efectos regresivos”. Y añade que “en las democracias liberales, la fiscalidad suele ser la herramienta efectiva y políticamente más viable, ya que las prohibiciones directas del consumo suelen encontrar una resistencia pública y política mucho mayor”.
El equipo calculó la factura ambiental de los mayores consumidores a escala global, pero también de las principales economías mundiales o de su respectivo continente: Brasil, China, Egipto, Alemania, India y Estados Unidos. Los últimos tuvieron consistentemente las cifras más elevadas, seguidos por China en términos globales, pero por Alemania en valores por habitante. En términos per cápita, la factura estadounidense se movería entre los 16.600 y los 55.000 euros anuales, entre un 6 y un 20% de sus ingresos, o entre un 0,8 y un 3% de su riqueza.
“Espero que estos resultados refuercen el mensaje de que quienes más contribuyen a crear estos problemas también deberían ser quienes más contribuyan a solucionarlos. A nivel mundial, esto incluye a muchas personas en Europa y en Estados Unidos, pero dentro de Europa también conviene diferenciar y centrarse en las actividades y sectores más contaminantes, como la aviación, la conducción de automóviles de gran tamaño, las dietas ricas en carne y los combustibles fósiles”, enfatiza Schrijver, cuyo estudio también trata de incentivar a las administraciones para que tomen medidas.
Jeroen van den Bergh, que no participa en el estudio y lidera el grupo de Economía Ambiental y Climática en la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), apoya estas tesis y considera que “existen sólidos argumentos para extender el principio de ‘quien contamina, paga’ al consumo individual de alto impacto, especialmente al de lujo, al tiempo que se protegen necesidades básicas y se evitan efectos regresivos”. Y añade que “en las democracias liberales, la fiscalidad suele ser la herramienta efectiva y políticamente más viable, ya que las prohibiciones directas del consumo suelen encontrar una resistencia pública y política mucho mayor”.
El precio del (infinito) valor de la naturaleza
Schrijver investiga en el grupo liderado por Rutger Hoekstra, experto en poscrecimiento y alternativas al PIB que también firma el artículo. Podría parecer que un estudio que otorga valor económico a la naturaleza refuerza la lógica capitalista que los postulados poscrecentistas cuestionan. Sin embargo, José L. Oviedo, economista ambiental, reconoce que se trata de dos esferas del conocimiento, una ética y otra instrumental y operativa, que son necesarias y no deberían negarse mutuamente, como a menudo sucede.
Oviedo, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), señala que “del uso que hacemos de la naturaleza y las decisiones que tomamos en torno a ella emergen valores económicos, aunque muchos no son directamente observables. Pero es obvio que las cifras que emplean estos estudios son instrumentales y hay que entender que son útiles hasta un punto. Por ejemplo, la economía puede tener límites cuando se trata de tomar decisiones de conservación de especies amenazadas, pero puede servir para hacer indicadores que apoyen la toma de decisiones”.
Van den Bergh opina que “poner un precio al daño ambiental no capta todo el valor de la naturaleza, pero ayuda a evitar que las pérdidas ambientales sean tratadas como si no tuvieran ningún valor”. El problema, y es donde Oviedo cree que estos estudios deben centrarse, es que los métodos para otorgar un valor económico a los recursos de los ecosistemas no están estandarizados. “El Sistema de Cuentas Económico-Ambientales de la ONU ha propuesto un estándar para las cuentas biofísicas, pero aún no para las cuentas económicas, ya que no hubo consenso sobre métodos de valoración estandarizados”, cuenta Oviedo para ilustrar el estado de la cuestión.
El economista cree que el desacuerdo está determinado por el debate en torno a la valoración de la naturaleza. “La resistencia de una parte de la comunidad científica a desarrollar métodos de cuantificación y valoración económica estandarizados retrasa que lleguemos a acuerdos y avancemos en nuestro trabajo, porque el sistema de cuentas nacionales se ha quedado obsoleto y necesitamos ir más allá”, expresa Oviedo. Y van den Bergh añade: “Las cifras aún no son concretas, pero el ejercicio resulta útil porque ayuda a contrarrestar las perspectivas centradas en las finanzas y el PIB que dominan los debates políticos”.
Al preguntar a Schrijver sobre las limitaciones del estudio, reconoce que es difícil conocer la huella exacta del consumo y cuantificar con precisión el precio de los impactos ambientales. En el estudio, informan de que los datos para sus cálculos tuvieron que obtenerlos de un manual de precios ambientales de 2017, los más recientes disponibles. Se aventuran a predecir que, como la tendencia no ha cambiado, actualmente los costes serían mayores.
También esperan que, en un futuro, sea técnicamente posible añadir a la ecuación los límites planetarios que faltan, como la contaminación del aire o los cambios de usos del suelo. “Así lograríamos una imagen más completa en la que, seguramente, el coste total de los daños sería mayor”, expresa Schrijver. Aun así, ella quiere cerrar la valoración de su estudio apuntando que “no todo es dinero”: “Realmente, lo más importante es evitar los daños y, para eso, se necesitan normas más estrictas y más regulaciones”.
Schrijver investiga en el grupo liderado por Rutger Hoekstra, experto en poscrecimiento y alternativas al PIB que también firma el artículo. Podría parecer que un estudio que otorga valor económico a la naturaleza refuerza la lógica capitalista que los postulados poscrecentistas cuestionan. Sin embargo, José L. Oviedo, economista ambiental, reconoce que se trata de dos esferas del conocimiento, una ética y otra instrumental y operativa, que son necesarias y no deberían negarse mutuamente, como a menudo sucede.
Oviedo, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), señala que “del uso que hacemos de la naturaleza y las decisiones que tomamos en torno a ella emergen valores económicos, aunque muchos no son directamente observables. Pero es obvio que las cifras que emplean estos estudios son instrumentales y hay que entender que son útiles hasta un punto. Por ejemplo, la economía puede tener límites cuando se trata de tomar decisiones de conservación de especies amenazadas, pero puede servir para hacer indicadores que apoyen la toma de decisiones”.
Van den Bergh opina que “poner un precio al daño ambiental no capta todo el valor de la naturaleza, pero ayuda a evitar que las pérdidas ambientales sean tratadas como si no tuvieran ningún valor”. El problema, y es donde Oviedo cree que estos estudios deben centrarse, es que los métodos para otorgar un valor económico a los recursos de los ecosistemas no están estandarizados. “El Sistema de Cuentas Económico-Ambientales de la ONU ha propuesto un estándar para las cuentas biofísicas, pero aún no para las cuentas económicas, ya que no hubo consenso sobre métodos de valoración estandarizados”, cuenta Oviedo para ilustrar el estado de la cuestión.
El economista cree que el desacuerdo está determinado por el debate en torno a la valoración de la naturaleza. “La resistencia de una parte de la comunidad científica a desarrollar métodos de cuantificación y valoración económica estandarizados retrasa que lleguemos a acuerdos y avancemos en nuestro trabajo, porque el sistema de cuentas nacionales se ha quedado obsoleto y necesitamos ir más allá”, expresa Oviedo. Y van den Bergh añade: “Las cifras aún no son concretas, pero el ejercicio resulta útil porque ayuda a contrarrestar las perspectivas centradas en las finanzas y el PIB que dominan los debates políticos”.
Al preguntar a Schrijver sobre las limitaciones del estudio, reconoce que es difícil conocer la huella exacta del consumo y cuantificar con precisión el precio de los impactos ambientales. En el estudio, informan de que los datos para sus cálculos tuvieron que obtenerlos de un manual de precios ambientales de 2017, los más recientes disponibles. Se aventuran a predecir que, como la tendencia no ha cambiado, actualmente los costes serían mayores.
También esperan que, en un futuro, sea técnicamente posible añadir a la ecuación los límites planetarios que faltan, como la contaminación del aire o los cambios de usos del suelo. “Así lograríamos una imagen más completa en la que, seguramente, el coste total de los daños sería mayor”, expresa Schrijver. Aun así, ella quiere cerrar la valoración de su estudio apuntando que “no todo es dinero”: “Realmente, lo más importante es evitar los daños y, para eso, se necesitan normas más estrictas y más regulaciones”.
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