LA COMPETENCIA AUTONÓMICA EN EDUCACIÓN DUPLICÓ LA BUROCRACIA

La Consejería de Educación quiere reducir las tareas burocráticas del profesorado, una de las quejas constantes del colectivo, y prevé empezar a aplicar las medidas en la primera evaluación del próximo curso. El reciente estudio Tareas de gestión docente. Propuestas de reducción de la burocracia en los centros educativos encargado por el Consejo Escolar de Canarias a investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuantificó hasta 81 tareas de papeleo diferentes que deben realizar los docentes.
 Con esta investigación como guía, la Consejería de Educación pondrá en marcha un plan para reducir y racionalizar las tareas de papeleo y los docentes «puedan centrarse en la atención al alumnado, porque estamos más pendientes de los papeles, de los criterios, y no estamos centrados en los procesos docentes», señala Marisol Collado, directora general de Personal de la Consejería de Educación. El estudio destaca que en los últimos veinte años se han duplicado las tareas burocráticas del profesorado canario, «pero la gran avalancha se ha producido en los últimos diez», asegura Collado.

81.500 euros por cada agente

Exactamente 81.527,71 euros. Eso es lo que costará este 2018 cada uno de los agentes que conforman en la actualidad el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), creado hace una década durante el mandato de Paulino Rivero (Coalición Canaria) con la Ley 2/008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria. Cuando la policía autonómica de las Islas salió por primera vez a la calle en el año 2010, la primera promoción fue de 100 miembros y el objetivo era que para el año 2013 se alcanzaran los 1.700 agentes. Hoy en día, ocho años después de su nacimiento, apenas cuenta con 63 agentes a pesar de tener un presupuesto general para este ejercicio de 5,1 millones de euros. De este total, 4,4 millones corresponden a los fondos destinados al pago de todo el personal; 425.000 euros a los gastos corrientes en bienes y servicios; y los 250.000 euros restantes a inversiones reales, entre las que están previstas 100.000 euros para la adecuación de la Comisaría de Gran Canaria, 100.000 euros para la construcción de una galería de tiro, y otros 50.000 euros para «otros activos materiales».
Según las cifras que maneja este periódico, en Tenerife hay cerca de una treintena de policías de la escala básica, mientras que en Gran Canaria hay 21 con este rango. En esta cifra se incluyen a los agentes de cuerpos municipales que están en comisión de servicio, a los que solo se les permite ocupar la misma plaza durante un tiempo máximo de dos años. A ellos hay que añadir los distintos mandos con los que cuenta el cuerpo: en Gran Canaria hay dos policías que hacen funciones de oficial, cuatro oficiales y un comisario, mientras que en Tenerife hay cuatro oficiales, un subinspector, un inspector, un subcomisario y el comisario jefe del cuerpo. La suma da los 63 agentes, por lo que hay 37 plazas sin cubrir a pesar de que el Ejecutivo autonómico cuenta en el presupuesto con este centenar de agentes y quiere aumentar a lo largo de este año la plantilla con 50 nuevos agentes, aunque para llegar a las 150 plazas necesitaría realizar 87 nuevas contrataciones.

"No somos una lacra"

A fectados por el reciente desalojo de 47 viviendas ocupadas en el edificio El Barco, en el barrio granadillero de San Isidro, han puesto en marcha la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara, cuyos objetivos son dignificar a las personas que "se ven obligadas a ocupar pisos de bancos u organismos oficiales", mediar en la defensa de sus derechos básicos y evitar que se les estigmatice y discrimine. Israel Ojel, uno de los promotores de este colectivo sureño, subraya: "Las familias que ocupamos un piso por necesidad no somos una lacra para esta sociedad".

Ojel forma parte del colectivo de "unas 600 personas, entre los que hay unos 200 menores", que, según estima este colectivo, reside en la actualidad en pisos ocupados en Granadilla de Abona "que no pertenecen a otros ciudadanos, sino a entidades bancarias y otros organismos que los mantienen cerrados y abandonados mientras la gente no tiene un lugar donde vivir".

Este colectivo rechaza que los "okupas" destrocen las propiedades: "En el caso de El Barco, por ejemplo, habían robado muchos materiales y las familias que entraron en los pisos los fueron arreglando para hacerlos habitables".

Ojel considera que "cuando vieron que los pisos estaban bien, llegó el desalojo" de medio centenar de personas.

"Queremos llegar a acuerdos con las entidades propietarias para que se dignifique a estas familias y se les permita pagar un alquiler social y contar con servicios mínimos como agua corriente y electricidad", afirma Israel Ojel.

"La inmensa mayoría de nosotros quiere, en la medida de sus posibilidades, pagar un alquiler social, el agua, la luz... pero por ahora no parece posible. No se nos da una oportunidad para regularizar la situación", lamenta.

Se quejan de que los "okupas" están "en tierra de nadie", en una especie de limbo que, en muchos casos, no les permite empadronarse para poder acceder a los servicios sociales municipales.

"Al no permitirnos empadronarnos, oficialmente no existimos. No podemos pedir una ayuda a los servicios sociales y nuestros hijos, aunque estén escolarizados, no pueden acceder a una beca", sostiene Ojel.

La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara alerta de que hijos de familias que ocupan pisos "sufren discriminación e incluso acoso escolar" en algunos centros.

"Hay niños que sufren a diario insultos y un trato despectivo. Se les trata como a ladrones simplemente porque su familia está en una situación de exclusión social por no tener acceso a una vivienda", lamenta este colectivo.

"Estamos realizando gestiones para que nos dejen acudir a los colegios de la zona para explicar a los niños que no somos una lacra -explica Ojel-, que nuestras familias no son un peligro para esta sociedad".

Esta plataforma recuerda que San Isidro es un barrio multicultural, por lo que el problema de la falta de vivienda y de la ocupación no entiende de orígenes ni nacionalidades: "Afecta tanto a canarios y españoles como a cubanos, colombianos o marroquíes".

"Llevamos más de tres años luchando para que se nos permita tener acceso a la red pública de agua -indica este portavoz-, pero no lo logramos".

Respecto al desalojo de las 47 viviendas de El Barco, Ojel señala que "fue algo tan precipitado que muchas familias tuvieron que dejar parte de sus escasas pertenencias dentro". Otras familias sacaron a toda prisa sus cosas a la calle, sin saber muy bien qué hacer con ellas luego.

Falta de respeto a los ciudadanos en la estación de guaguas

fernando multitud 

 Las colas que se producen cada final y comienzo de mes en la estación de guaguas del Parque Santa Telmo de Las Palmas de Gran Canaria muestran la falta de respeto de las empresas y los responsables públicos del transporte municipal e insular hacia los ciudadanos. Tratados como súbditos, estudiantes, trabajadores, vecinos de la capital grancanaria y de los distintos municipios, gentes de todo tipo y condición que deben renovar abonos o comprar bonos para utilizar el transporte público de Gran Canaria se ven obligados a soportar largas colas para ser atendidos. Si no es que se aburren antes y desisten, Con el barriobajero trato que se da a los usuarios de Guaguas Municipales y Global en las taquillas del despacho de billetes de la estación de San Telmo -y no por quienes las atienden en númerto insuficiente que derrochan amabilidad - a nadie puede extrañar que el transporte público se tenga que conformar con el cliente cautivo. Los anuncios de grandes inversiones quedan en cuestión cuando ni siquiera se es capaz de atender al usuario con un mínimo de dignidad.

GRAN CANARIA: Sólo 5 municipios dan el certificado por Internet, sin requisitos y gratis

Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, Arucas, Santa Lucía de Tirajana y Guía. Este es el podio de los 5 municipios de entre los 21 que hay en la Isla que más facilidades ofrecen a sus vecinos a la hora de sacarse un certificado de residencia. Se lo facilitan por Internet, sin requisitos y gratis.
Las colas que se produjeron estos días en el Ayuntamiento de Telde de ciudadanos que acudían a solicitar un certificado de residencia para viajar han vuelto a poner de actualidad el engorro que supone para muchos canarios un trámite que el Gobierno central sacó del baúl de los atrasos. Con todo, las dificultades van por municipios, más que por barrios, en función de los recursos de los que se haya dotado cada ayuntamiento para expedir un documento que da derecho a que Madrid subvencione la mitad del precio de los viajes.