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| Hernán, junto a su abogada, Beatriz Pérez Báez. |
“Nunca había estado en el paro. Por eso buscaba empleo siempre que podía, aunque me quedase más de año y medio de prestación”. Así arranca su relato Hernán, un obrero que el 26 de enero de 2009 se presentó en una pequeña empresa de Las Chafiras donde buscaban a un soldador. “Éramos tres, así que el capataz nos pidió que soldáramos una pequeña pieza de prueba para saber quién lo hacía mejor. Cuando me tocó a mí, me tocaron en la espalda: era la inspectora”.
No hubo manera de convencerla, a pesar de la insistente negativa tanto por parte de Hernán (“¡Iba vestido de calle! ¿Quién se pone a soldar vestido de calle?”).
En el acta puso que hasta había reconocido que “estaba a prueba”, dando por hecho que se encontraba ante una infracción muy grave que tanto el jefe de Inspección como la Dirección General de Trabajo ratificaron posteriormente: Hernán no solo perdió lo que le restaba de prestación sino que tuvo que devolver lo cobrado desde aquel infortunado día de la prueba, mientras que la empresa fue sancionada.
“Lo peor es que la prueba era para un trabajo de un mes, y para colmo la empresa cerró al poco tiempo. Todo fue peor desde entonces”, se lamenta Hernán, superviviente de una espiral de adversidades que pasan por la enfermedad de su esposa, que a los dos meses sufrió una parálisis que le ha dejado en situación de dependencia, y la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo que a finales del año pasado se tradujo en desahucio.
“No quisimos armar lío, sino que recogimos y nos fuimos: vivíamos con los 400 euros de ella nada más”. Lo del empleo ya sabemos todos cómo está en Canarias, una de las regiones con más paro de Europa.
Pero durante tanto infortunio, algunos rayos de sol. Hernán y su mujer descubren con asombro que Trabajo no lo emplea en la cerrajería donde hizo la prueba sino en otra de Valle San Lorenzo cuyo propietario también se llama Hernán.
A partir de ahí, la actitud de los funcionarios cambia y la misma inspectora que genera el desastre es quien indica un día a la mujer de Hernán que debe recurrir y dónde para evitar que la decisión sea firme, ante la imposibilidad de dar marcha atrás.
Al solicitar abogado de oficio, les cae en suerte la letrada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, que defiende con tanto tino el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia da la razón a Hernán en la forma y en el fondo. En la forma porque todas las comunicaciones de la Inspección se realizan a una dirección inexacta de ese piso de San Isidro sobre el que ahora han perdido todos los derechos.
En el fondo, porque si bien el acta de la Inspección goza de presunción de veracidad, no basta con proclamar que Hernán fue sorprendido en un trabajo remunerado sin aportar prueba alguna de que tal afirmación se adecua a la realidad.