CANDIDATOS CANARIOS A LAS ELECCIONES DEL 29 N

LA MITAD DE LA HUMANIDAD, SIN VIVIENDA ADECUADA

Waldo Fernández Ramos

Más de 3.000 millones de personas carecen de una vivienda adecuada en el mundo y hasta 3.400 millones sufren alguna forma de precariedad residencial (inseguridad en la tenencia, hacinamiento o dificultades económicas para mantener su hogar), de acuerdo a un reciente informe de la ONU.

Unos 1.160 millones de residentes urbanos (uno de cada cuatro habitantes de las ciudades) viven en barrios marginales o asentamientos informales.

Una de las cifras que refleja con mayor claridad el deterioro es el aumento del déficit habitacional mundial, que pasó de 251 millones de viviendas en 2010 a 288 millones en 2023.

La falta de oferta suficiente se combina con el incremento de los precios del suelo y los costes de construcción.

El informe calcula que el 44% de los hogares arrendatarios del mundo dedica más del 30% de sus ingresos a los gastos residenciales, lo que obliga a muchos hogares a reducir los gastos en alimentación, sanidad, educación o transporte, aumentando su vulnerabilidad.

La ONU reclama coordinar las políticas de vivienda con el empleo, el transporte, los servicios públicos y la protección social, y mejorar la gestión del suelo, ampliar las alternativas de alquiler y favorecer barrios compactos y resistentes frente al cambio climático”.

Ya lo vemos: casi media humanidad está afectada por el tema. Y, lo tenemos claro: ello repercute en muy variados temas, todo relacionado con la calidad de vida. Que no es fácil afrontarlo, es cierto; pero que -como casi todo- tiene debajo un serio afán de lucro de unos pocos a los que nada les importa el que la gente viva de cualquier manera.

De vez en cuando salta la chispa, hay casos Maricarmen que salen a la luz -otros no los conoceremos nunca-. Ojala en España, al menos, lo de Maricarmen, sirva para tomarnos en serio ese problemón y los jóvenes no tengan que esperar a los treintaitantos para hacerse con su vivienda y formalizar sus relaciones, como Dios manda ¿o no lo manda?

Antonio Perdomo: La rebusca. Tenerife

CONVERSIÓN, PRIMER PROBLEMA - Diccionario incompleto Julián Gómez del Castillo (1)

Y en la Iglesia se supone que los cristianos nos planteamos la conversión. Pero es mucho suponer. Porque supuesto que nos lo suponemos, nadie se lo plantea y yo creo que este es el drama de la Iglesia en España.

¿Conversión a Jesús? Se le supone. Pues mire usted, no lo suponga.

Y yo creo que este es el gran problema de la Iglesia española. No es si los curas son altos o son bajos, si los obispos son buenos o son malos ¡No!

Me parece una estupidez toda la postura del progresismo cristiano, una pura estupidez. El drama entre los seguidores de Jesús es suponer que seguimos a Jesús. Es mucho suponer. Eso hay que demostrarlo. Y eso lo demuestras con tu vida y si no lo demuestras con tu vida, ¡no supongas nada!

Que eso te llevará algún día a plantearte el misterio de Jesús. Si no supones nada, te lo vas a plantear algún día. Mientras te lo supongas, no te lo plantearas nunca, que es lo que hacemos hoy los cristianos y las cristianas en España

Que si las mujeres pueden ser curas o no pueden ser curas. Mire usted, plantéense ustedes si pueden o no pueden ser conversos cristianos ¡Que es lo más importante! ¡Ah! no se lo plantea nadie.

Paula y Jennifer: Brutal desahucio en Las Palmas GC (Radio) - Comunicado de Derecho al Techo sobre el desahucio de Pedro Hidalgo

EL JUZGADO EJECUTÓ EL DESAHUCIO DE PEDRO HIDALGO SIN DAR UNA RESPUESTA ESPECÍFICA A LA NUEVA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.

Dede Derecho al Techo denunciamos la actuación judicial en el desahucio de una familia con dos menores en Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que no se dio una respuesta específica a las nuevas solicitudes de suspensión presentadas los días 1 y 8 de octubre, antes de la ejecución del lanzamiento.

Según la documentación trasladada, el juzgado autorizó el desahucio remitiéndose a un auto anterior, de fecha 9 de septiembre, sin ofrecer una respuesta específica a las nuevas peticiones formuladas por la familia.

La orden de lanzamiento fue dictada por la jueza María de los Milagros Vilan Santos.

La solicitud presentada el 8 de octubre invocaba la protección provisional prevista en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 29/2026, aprobada con posterioridad al auto de septiembre. Esta norma se invocó para solicitar que se examinara la posibilidad de suspender provisionalmente el lanzamiento mientras el órgano judicial resolvía sobre su aplicación.

Para nosotras nos resulta fundamental distinguir entre la ausencia de título para ocupar una vivienda y el derecho a que se examine una solicitud de protección legal sobrevenida. La resolución de septiembre se refería a la situación posesoria, pero, según nuestro juicio eso no sustituía el examen de una solicitud posterior fundamentada en un régimen jurídico nuevo.

Consideramos especialmente preocupante que esta cuestión se planteara en un procedimiento que afectaba a una madre y a sus dos hijos menores. La urgencia de la situación exigía una respuesta expresa y motivada sobre la aplicación de la protección invocada antes de ejecutar el lanzamiento.

Desde Derecho al Techo subrayamos que incorporar un escrito al expediente no equivale a resolver su contenido. Por ello, consideramos necesario esclarecer si se examinaron los requisitos de la protección provisional solicitada y por qué no se acordó la suspensión antes de proceder al desahucio.

A esta situación se suma que el informe de vulnerabilidad elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue presentado por registro en el juzgado antes de la llegada de la comisión judicial y también se le mostró a esta, que se negó a recogerlo.

Desde Derecho al Techo reclamamos que las solicitudes de protección de las familias vulnerables se examinen de manera efectiva, individualizada y antes de ejecutar los lanzamientos, especialmente cuando están afectados menores de edad.

El derecho a la vivienda y la protección de la infancia no pueden quedar reducidos a un trámite administrativo. Las garantías legales deben examinarse y aplicarse cuando corresponda, antes de que una familia pierda su hogar.

Derecho al Techo

¿A quién beneficiará el seguro de impago del alquiler del Gobierno de Canarias?

Las garantías para los propietarios deben ir acompañadas de garantías reales para las familias inquilinas.

El Gobierno de Canarias anunciaba esta semana un seguro gratuito durante tres años para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios que incorporen sus viviendas a la bolsa de “alquiler asequible”. La iniciativa incluye servicios de intermediación, asesoramiento jurídico, evaluación de la solvencia de los inquilinos y posibles ayudas para rehabilitar viviendas.

Dicen que es una medida para movilizar viviendas vacías y aumentar la oferta de alquiler. Pero, ante una emergencia habitacional como padecemos en Canarias, ¿ a quién beneficia realmente esta iniciativa y qué garantías ofrece a las personas, familias y a la juventud que se quiere emancipar y necesitan una vivienda?

Garantizar el cobro del alquiler a un propietario, puede ser una herramienta útil pero para los rentistas. Porque no garantiza que una persona o familia pueda acceder a una vivienda digna, pagarla sin renunciar a sus necesidades básicas y mantenerla sin vivir bajo la amenaza de perder su hogar. Y esto es lo que debería ser prioridad.

No basta con incorporar viviendas a una bolsa de alquiler para calificarlas de asequibles, porque hay que saber cuánto se cobrará, a cuánto es el alquiler que ya son desorbitados y qué porcentaje de los ingresos individuales o familiares representará ese alquiler. Además un alquiler por debajo del precio de mercado puede seguir siendo inasumible para personas con ingresos bajos y ya sabemos que por este Archipiélago, los salarios son una mierda.

También debemos preguntarnos qué ocurrirá con quienes no superen los criterios de solvencia económica, porque si la capacidad de pago se convierte en el principal filtro, pues apaga y vámonos…porque se dejaría fuera a las familias vulnerables, las personas con ingresos precarios y los hogares que están al borde de un desahucio.

La Administración no puede garantizar el cobro al propietario y desentenderse de la capacidad de las ciudadanas y las familias para pagar. Y si se utiliza dinero público para reducir los riesgos de los arrendadores, debe existir una contraprestación social clara y verificable, que ya hemos tenido rescates de bancos que hemos pagado nosotros.

Lo mismo sucede con las ayudas para rehabilitar viviendas privadas. Recuperar inmuebles vacíos y ponerlos en condiciones de habitabilidad puede ser positivo, pero las ayudas públicas deben estar vinculadas a compromisos de alquiler asequible, precios regulados dentro del programa y permanencia durante un periodo determinado. 

No tendría sentido que la ciudadanía financiara la recuperación de viviendas privadas sin obtener a cambio un beneficio social duradero.
Además, el Gobierno debe explicar cuánto costará el seguro a las arcas públicas, cuáles serán sus coberturas y qué obligaciones asumirán los propietarios. También debe publicar cuántas viviendas se incorporan, qué alquileres se aplican, qué requisitos se exigen a las familias y cuántas personas consiguen finalmente una vivienda.

Canarias necesita, asimismo, conocer la dimensión real de las viviendas vacías y actuar sobre ellas. Hace falta una política decidida para recuperar viviendas desocupadas, combatir la especulación y ampliar el parque público de alquiler.

La bolsa de alquiler asequible puede complementar esa política, pero no sustituirla. Las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda, con más vivienda pública y medidas que permitan a las familias acceder a un hogar sin quedar atrapadas en alquileres imposibles.

Por eso, el anuncio del Gobierno de Canarias me genera grandes dudas. No porque ofrecer garantías a los propietarios sea necesariamente negativo, sino porque esta medida, por sí sola, no resuelve el problema de quienes no pueden pagar los precios actuales ni el de quienes están a punto de quedarse sin casa y mucho menos de la juventud que quiere independizarse.

Y cuando una iniciativa institucional se presenta como respuesta a la emergencia habitacional sin concretar suficientemente sus resultados sociales, es legítimo preguntarse si estamos ante una política capaz de transformar la situación o ante una medida que también puede buscar rentabilidad política de cara a las próximas elecciones.
Canarias no necesita solamente más viviendas disponibles en el mercado. Necesita viviendas a las que pueda acceder la gente que vive y trabaja aquí, sin que pagar el alquiler signifique renunciar a comer, atender a sus hijos o cubrir otros gastos esenciales.

Por eso mis preguntas siguen siendo: ¿qué garantías tendrán las familias inquilinas?, ¿qué protección recibirán quienes no puedan asumir el alquiler? y ¿qué alternativa se ofrecerá a quienes estén en riesgo de desahucio?

La seguridad de un propietario no puede construirse sobre la inseguridad de las inquilinas. El dinero público debe servir para garantizar derechos, no únicamente para proteger rentas privadas.

Esto sigue siendo más de lo mismo, beneficiar al rentista y que se fastidien lo arrendatarios.

La vivienda es un derecho, no un negocio y ese derecho debe estar por encima de cualquier estrategia electoral, porque esto huele mucho a eso.

Javier Marrero Santana

Pino Velasco: El personal de limpieza en Gran Canaria