El 30 de enero los grupos parlamentarios de Podemos Canarias y de Nueva Canarias defendimos durante el Pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa en la que se instaba al Gobierno de Canarias a manifestar su rechazo a las violaciones de los Derechos Humanos que, de forma reiterada, se producen en la región del Rif. Este debate se desarrollaba ante una amplia representación del Movimiento Popular del Rif o Hirak del Rif.
Las movilizaciones pacíficas en esta región vecina en demanda de mejoras sociales y económicas y medidas de lucha contra la corrupción se han topado con una represión de una contundencia desproporcionada por parte de las autoridades marroquíes.
Más de 400 personas han sido detenidas, incluyendo desde los propios líderes del Movimiento Popular del Rif, activistas en las redes sociales y periodistas, hasta simples participantes en las manifestaciones.
Muchas de estas personas, entre las que se llegan a contar menores de edad, han sido sometidas a torturas y otros tratos vejatorios (nos relatan palizas, privación de ropa, violaciones sexuales e insultos, entre otras) y han sido enjuiciados sin las garantías procesales mínimas.
Especialmente grave es la situación de Nasser Zefzafi, portavoz y líder del Movimiento Popular del Rif. Zefzafi, que ha estado más de 650 días sometido a una detención prolongada en régimen de aislamiento, pasando más de 22 horas al día en una celda individual sin ningún contacto humano.
En su juicio llegó a solicitar durante su deposición ante el Tribunal de Apelaciones de Casablanca que su madre abandonara la sala para poder relatar al juez las torturas y agresiones sexuales a las que fue sometido. Este tribunal lo ha condenado a una pena de prisión de 20 años.
¿Qué podemos hacer desde el Parlamento de Canarias ante las violaciones de derechos humanos que se producen a apenas 100 kilómetros de nuestra tierra?
Lo cierto es que los principales mecanismos, tanto políticos como jurídicos, para poder abordar este problema están en manos del Gobierno del Estado.
No obstante, el Gobierno de Canarias, además de poder realizar la oportuna declaración de rechazo de estos hechos, tiene la capacidad de solicitar del Gobierno del Estado que actúe.
Se trata de una cuestión que está vinculada al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que, si bien limita la actuación de éstas últimas, no la cercena completamente.
Por ello, en esa iniciativa solicitábamos al Gobierno de Canarias a que a su vez instara al Gobierno del Estado a poner en marcha las acciones políticas y legales para intentar poner freno a las violaciones de Derechos Humanos en el Rif.
¿Cuál ha sido el resultado del debate? Las legítimas demandas del pueblo rifeño se han encontrado con el rechazo, bochornoso y vergonzante, de Coalición Canaria- PNC y el Partido Popular.
Las vulneraciones a los de Derechos Humanos, vengan de donde vengan, deberían de tener el mismo tratamiento por parte de todos los partidos políticos que se consideran democráticos, silenciar o negociar con quienes los violan les hace cómplices.
La hipocresía y la falta de compromiso democrático que vienen practicando estas formaciones en las instituciones canarias y estatales, llega a límites que atentan contra toda lógica, no ya parlamentaria, simplemente toda lógica, que no es ni más ni menos que un ejercicio de coherencia política.
¿Cómo puedo explicar a las personas de nuestra tierra que la institución nos representa a todas y a todos no rechaza las violaciones de Derechos Humanos?
Igualmente vergonzosa ha sido la abstención del PSOE y del Grupo Mixto. Mirar hacia otro lado cuando tienes delante la representación de un pueblo vecino que sufre una represión feroz es un ejercicio de doble moralidad indigno de partidos que llevan en sus siglas el término socialismo.
Siento mucha tristeza e indignación, amo al pueblo marroquí, cuento con grandes amistades en esa tierra y me duele especialmente que nuestros gobiernos dejen ‘tirada’ y a su suerte a la población rifeña, como dolía cuando en España nos dejaron aislados durante 40 años, sufriendo la dictadura franquista.
Hoy no puedo menos que sentir vergüenza y pedir disculpas a los rifeños y, en especial, a sus representantes presentes en el Parlamento.
Porque los Derechos Humanos, de ningún pueblo, ya estén a cinco mil kilómetros o a cien, no son negociables.
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Por María del Río Sánchez, Presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, Candidata al Parlamento por Lanzarote
