“Yo soy un pobre del campo, agricultor platanero…” Los Sabandeños.
El conflicto del plátano es un problema recurrente año tras año., un mercado que en su día tuvo una mayor proyección internacional y hoy depende en gran medida del consumo en Canarias y la península, con exportaciones puntuales a otros destinos. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el modelo económico que durante décadas ha protegido y favorecido a determinados grupos empresariales.
Es fundamental diferenciar entre los agricultores que cultivan el plátano y las empresas que lo comercializan.
Los agricultores son quienes asumen los riesgos de la producción, soportan las inclemencias del tiempo, el incremento de los costes y las incertidumbres del mercado. En muchas ocasiones denuncian que el precio que reciben por su producción no compensa sus costes, mientras que la comercialización concentra una parte importante del valor añadido de la cadena. Por ello, no resulta justo identificar los problemas del sector con quienes trabajan la tierra y hacen posible la producción.
Algunas de las grandes empresas del sector han protagonizado además episodios muy controvertidos. Entre ellas figura una empresa vinculada al desalojo de alrededor de 200 familias de un inmueble en Santa María de Guía, un hecho que ha generado una profunda preocupación social.
Muchas de estas grandes empresas reciben importantes subvenciones y bonificaciones públicas mientras obtienen elevados beneficios gracias al trabajo de miles de personas y en no pocos casos, su mayor mérito no ha sido innovar o emprender desde cero, sino gestionar un patrimonio empresarial heredado. Sin embargo, con demasiada frecuencia la maximización del beneficio económico parece situarse por encima de su responsabilidad social y de algo tan esencial como ofrecer productos de calidad a un precio justo para la población.
Por ello, considero que las ayudas públicas deberían orientarse prioritariamente hacia las cooperativas de trabajadoras y trabajadores, así como hacia quienes desarrollan una actividad económica basada en su propio esfuerzo. Son quienes conocen de primera mano el valor del trabajo, la importancia de sacar adelante a sus familias y a su comunidad, y la necesidad de compatibilizar la actividad económica con una vida digna.
También es necesario abrir un debate sobre la justicia fiscal. Grandes empresas reducen de forma significativa su carga tributaria mediante mecanismos de planificación fiscal permitidos por la legislación y diseñados por complejas estructuras de asesoramiento. Aunque esas prácticas puedan ser legales, resulta legítimo preguntarse si responden al principio de justicia fiscal que debería inspirar el sostenimiento de los servicios públicos.
Del mismo modo, es imprescindible reforzar los mecanismos de inspección y control para combatir el fraude, evitando el uso de falsas cooperativas o de falsos autónomos que precarizan las condiciones laborales y distorsionan la competencia.
Mientras escribo estas líneas, me viene a la memoria Víctor Jara. En “Las casitas del barrio alto” retrató como pocos las profundas desigualdades sociales. Y también resuenan aquellos versos de Los Guanijais:
La tierra me hace sudar,
la tierra me hace sufrir,
y usted, dueño de mi pan,
vive tan feliz
en la gran ciudad.
Y sigue resonando aquella copla popular que expresa el anhelo de justicia social:
“¿Cuándo querrá Dios del cielo
que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva,
que los pobres coman pan
y los ricos mierda?”
Javier Marrero
