RICARDO PEYTAVÍ/El Día
La usura ha sido condenada en cualquier época y por cualquier religión o
corriente filosófica. Lo hicieron los antiguos textos sagrados
hinduistas, lo hizo Platón, Aristóteles, Cicerón y Séneca -entre otros-
en la cultura occidental, la condenó el judaísmo e hizo lo propio el
cristianismo cuando en el Concilio de Nicea prohibió el cobro de
intereses al clero -la caridad bien entendida empieza por uno mismo- y
también a los laicos a partir del siglo V. Mahoma censuró igualmente la
usura y en la actualidad algunos países islámicos cuentan con
instituciones financieras que no cobran intereses por sus préstamos. El
último que ha arremetido legalmente contra la usura ha sido el juez Juan
José Cobo Plana, titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Arrecife de Lanzarote. Considera este magistrado que son "abusivos y
usurarios" los intereses del 19% aplicados por el BBVA a los clientes
que se retrasaban en el pago de la hipoteca. De forma concreta, el
mencionado juez ha declarado nulo el préstamo hipotecario concedido a
una pareja de Lanzarote, a punto de ser desahuciada, al considerar que
los citados intereses de demora son abusivos. El magistrado ha dado un
paso más allá al ordenar a su secretario que le ponga sobre la mesa
todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que esté tramitando su
juzgado para decidir la posible nulidad de los mismos. Juan José Cobo
culpa a los bancos de haber contribuido decisivamente, con su desmedido
afán de aumentar su negocio y sus beneficios, a la crisis económica que
vive este país -y el mundo entero- y a los altos niveles de desempleo
que están detrás del impago de las hipotecas.
Desconozco si esta decisión judicial -supongo que caben recursos-
sentará precedente para otras que deberán tomar los colegas de este
magistrado en un futuro inmediato. Lo he dicho pero no me importa
repetirlo: desahuciar a una pareja de trabajadores que vive en un
modesto piso porque ambos se han quedado en paro y no tiene con qué
pagar la hipoteca es un crimen. Hacer lo mismo con un irresponsable que
se compró un adosado cuando su nivel de renta lo situaba cabalmente en
la protección oficial supone, en cambio, aplicar un correctivo adecuado
porque esto era un desastre. Y en cuanto a los bancos, que se conformen
en cualquier caso con recuperar el bien hipotecado, porque si
irresponsable es quien suscribe una préstamo que no puede pagar, mucho
más lo es quien se lo concede.
Hasta aquí, acuerdo generalizado. Lo que resulta peligroso es la
cacería que se ha desatado contra bancos y políticos. En primer lugar
porque al margen de dramáticos casos individuales, el problema de las
hipotecas es minoritario. Solo un 3% de las concedidas están ahora mismo
en situación de morosidad. Los titulares del 97 por ciento restante las
están pagando. Muchas veces a duras penas, pero están cumpliendo. La
usura hay que perseguirla -como se ha hecho siempre- no solo con
sentencias curiosas sino también con leyes que no dejen margen a ningún
abuso. Pero de ahí a fusilar a los banqueros de madrugada frente a la
tapia del cementerio va un abismo. No porque los banqueros sean unos
individuos cariñosos o simpáticos, sino, simplemente, porque no podemos
vivir sin los bancos.