Entre 1.800 y 2.000 millones de euros. Es la cantidad estimada por el delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en Canarias, Jerónimo Barrera, como montante del dinero -antes de los canjes- que fue captado en las Islas por las entidades financieras gracias a las participaciones preferentes, para un total de los casi 30.000 millones de euros vendidos por toda España a través de sucursales de cajas y bancos, en muchos casos hasta principios de 2011.
A falta de un cálculo oficial, la estimación de Barrera (que surge de los centenares de casos a los que ha tenido acceso Ausbanc en las Islas) cuenta con el respaldo de expertos como el letrado tinerfeño Carlos Gómez, especializado en estos productos tóxicos bancarios, y de dos ejecutivos de banca consultados con este periódico que, por razones obvias, prefieren ocultar sus identidades.
De esos más de 2.000 canarios que se estima adquirieron en su día preferentes, muchos se verán afectados por la quita que impone la Unión Europea como condición para el rescate de las entidades nacionalizadas, entre las que se encuentra Bankia (en la que se disolvió en su día la grancanaria Caja de Canarias).
-Desde la perspectiva financiera ¿qué son exactamente las participaciones preferentes?“Son deuda emitida por las entidades financieras, aunque hay alguna entidad no financiera que las ha emitido, como alguna eléctrica o telefónica. Se llaman preferentes porque implican una retribución superior a la de un activo financiero equivalente también emitido por la misma empresa. Imagínate que un banco cualquiera emite un bono a cinco años y una preferente al mismo plazo; si el bono paga el 4% la preferente lo hará un poco más. A cambio de ese exceso de rentabilidad, la empresa se reserva el derecho -que no la obligación y ahí el problema- de que cuando llegue ese quinto las amortice o no. Que se devuelve el dinero, punto y final; si no lo devuelve se convierte en deuda perpetua a cambio de alguna mejora en la rentabilidad”.