José Ramón Durán Alday también solicitaba
en su querella que se investigase la posible comisión de defraudaciones y
maquinaciones para alterar el precio de las cosas, la falsedad de cuentas
anuales u otros documentos y la administración desleal o fraudulenta.
SIN
RESPONSABLES POR LA LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CAJA
La denuncia presentada por el ex presidente
de la Comisión de Control de La Caja de Canarias comprometía a 38 consejeros
de la entidad actuales y pasados, así como a los dos presidentes que la Caja ha
tenido en el periodo incluido en la denuncia: Juan Manuel Suárez del Toro, que
llegó al cargo en diciembre de 2008, y su antecesor, Antonio Marrero. Durán
Alday reclamaba, igualmente, que fuera investigada la actuación de todos los
miembros de la Comisión de Control, incluido él mismo.
Entre los consejeros que deberían haber
pasado por los tribunales, en calidad de imputados o de testigos, si
Anticorrupción no hubiera decidido dar un precipitado carpetazo a la querella
hay una significativa representación de políticos de la mayoría de los partidos
políticos institucionales y otras entidades del establisment canario.
Desde la ex alcaldesa de Las Palmas de G.C
Josefa Luzardo (PP) - Vicepresidenta 2ª de la entidad financiera entre 2009 y
2010- ex teniente de alcalde Néstor Hernández (PSC); el presidente de CC en
Gran Canaria, Fernando Bañolas, o el presidente de Nueva Canarias y ex presidente del Gobierno autónomo con
Coalición Canaria Román Rodríguez -quien fue Vicepresidente 1º de la entidad
entre 2009 y 2011-.