A menudo se quejan los corruptos y quienes tratan de protegerlos de que los casos de corrupción que se descubren en Canarias siempre quedan en nada o, en el mejor de los casos, se eternizan hasta que acaban mimetizados en el paisaje. Escándalos tan sonados como el caso eólico, el caso Faycán, el caso Góndola o el caso Unión continúan su azarosa tramitación en sus correspondientes juzgados sin que se pueda atisbar ni siquiera una fecha para el primer juicio. En la mayoría de los casos, los sumarios se eternizan por eso que en la jerga jurídica se llama tutela judicial efectiva, es decir, por los derechos que asisten a las partes, mayormente las partes imputadas, de proponer todo tipo de pruebas o testigos, recurrir ordinaria o extraordinariamente, que si en reforma, que si en apelación... derechos respetabilísimos que en el ejercicio de los cuales inhabilitan a las partes a quejarse de demoras. Es más, son sobradamente conocidas sentencias en las que se reduce sustancialmente la condena por ese concepto jurídico indeterminado que se llama "dilación indebida" (y dos piedras). En ese contexto es absolutamente natural que una querella presentada por el Ayuntamiento de Telde en marzo de 2010 haya sido reabierta en febrero de 2012 después de que la juez correspondiente la archivara de modo cuanto menos "precipitado", según ha concluido la Audiencia Provincial de Las Palmas en un auto que no deja muchos resquicios a la duda: algo huele a podrido en el pelotazo de la finca de San Rafael, en la muy ilustre ciudad de Telde.http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16243/