A
fectados por el reciente desalojo de 47 viviendas ocupadas en el
edificio El Barco, en el barrio granadillero de San Isidro, han puesto
en marcha la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña
Clara, cuyos objetivos son dignificar a las personas que "se ven
obligadas a ocupar pisos de bancos u organismos oficiales", mediar en la
defensa de sus derechos básicos y evitar que se les estigmatice y
discrimine. Israel Ojel, uno de los promotores de este colectivo sureño,
subraya: "Las familias que ocupamos un piso por necesidad no somos una
lacra para esta sociedad".
Ojel forma parte del colectivo de "unas
600 personas, entre los que hay unos 200 menores", que, según estima
este colectivo, reside en la actualidad en pisos ocupados en Granadilla
de Abona "que no pertenecen a otros ciudadanos, sino a entidades
bancarias y otros organismos que los mantienen cerrados y abandonados
mientras la gente no tiene un lugar donde vivir".
Este colectivo rechaza que los "okupas"
destrocen las propiedades: "En el caso de El Barco, por ejemplo, habían
robado muchos materiales y las familias que entraron en los pisos los
fueron arreglando para hacerlos habitables".
Ojel considera que "cuando vieron que los pisos estaban bien, llegó el desalojo" de medio centenar de personas.
"Queremos llegar a acuerdos con las
entidades propietarias para que se dignifique a estas familias y se les
permita pagar un alquiler social y contar con servicios mínimos como
agua corriente y electricidad", afirma Israel Ojel.
"La inmensa mayoría de nosotros quiere, en
la medida de sus posibilidades, pagar un alquiler social, el agua, la
luz... pero por ahora no parece posible. No se nos da una oportunidad
para regularizar la situación", lamenta.
Se quejan de que los "okupas" están "en
tierra de nadie", en una especie de limbo que, en muchos casos, no les
permite empadronarse para poder acceder a los servicios sociales
municipales.
"Al no permitirnos empadronarnos,
oficialmente no existimos. No podemos pedir una ayuda a los servicios
sociales y nuestros hijos, aunque estén escolarizados, no pueden acceder
a una beca", sostiene Ojel.
La Plataforma por el Derecho a una
Vivienda Digna Montaña Clara alerta de que hijos de familias que ocupan
pisos "sufren discriminación e incluso acoso escolar" en algunos
centros.
"Hay niños que sufren a diario insultos y
un trato despectivo. Se les trata como a ladrones simplemente porque su
familia está en una situación de exclusión social por no tener acceso a
una vivienda", lamenta este colectivo.
"Estamos realizando gestiones para que nos
dejen acudir a los colegios de la zona para explicar a los niños que no
somos una lacra -explica Ojel-, que nuestras familias no son un peligro
para esta sociedad".
Esta plataforma recuerda que San Isidro es
un barrio multicultural, por lo que el problema de la falta de vivienda
y de la ocupación no entiende de orígenes ni nacionalidades: "Afecta
tanto a canarios y españoles como a cubanos, colombianos o marroquíes".
"Llevamos más de tres años luchando para
que se nos permita tener acceso a la red pública de agua -indica este
portavoz-, pero no lo logramos".
Respecto al desalojo de las 47 viviendas
de El Barco, Ojel señala que "fue algo tan precipitado que muchas
familias tuvieron que dejar parte de sus escasas pertenencias dentro".
Otras familias sacaron a toda prisa sus cosas a la calle, sin saber muy
bien qué hacer con ellas luego.