
Los inspectores se han "desplegado" en función del trabajo previo realizado por la propia Administración, dirigido a localizar los "
contratos sospechosos que esconden explotación laboral". Los casos que han aflorado hasta el momento -el plan se encuentra en su segunda fase- han posibilitado ajustar los contratos a las horas que realmente hace el trabajador o que la relación laboral se firme cuando no existía.