Fracasaron. Pero parece que algunas acciones contra la corrupción buscaban el ascenso de López Aguilar. Así lo defiende el periodista F. Chavanel en un articulo reciente:
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=313424
2.- Doscientos imputados en Canarias a la espera de un juicio justo
El paso de los acontecimientos ha dejado una cosa clara en mi cabeza:
No hubiera habido una aparente lucha contra la corrupción si no hubiese
un objetivo político determinante: llevar a la presidencia del Gobierno a
Juan Fernando López Aguilar. En las criptas del PSOE se dio la orden de
aniquilar a José Manuel Soria, a su partido, y a Coalición Canaria,
bajo el deseo de que bajaran sus apoyos electorales entre la población.
Corrupción había, por supuesto, y algunos de los detenidos son
culpables. Pero no todos. De los casi doscientos imputados que existen
en Canarias (15 por el affaire Arona; 37 en Faycan; 15 en Las Teresitas;
7 en el Eólico; unos 100 en el Unión; 14 en el Góndola…, sin
contabilizar, por lo tanto, una veintena de procedimientos que se
extienden por los juzgados del Archipiélago, que añadirían un número
mayor de implicados), de los casi mil testigos, de las decenas de miles
de hojas utilizadas en los expedientes, una parte significativa de ellos
son inocentes, bien porque nunca tuvieron que ver con nada de los que
se les acusa, bien porque pasaban por allí y era necesario hacer bulto
con ellos, o bien porque nunca se les podrá probar lo que supuestamente
hicieron.
Por el caso Góndola han pasado doce jueces. Es el récord. Por los otros
un mínimo de cuatro, o cinco, o seis. Cada vez que llega un juez hay
que empezar de nuevo. Que se lo digan a la actual responsable de Unión,
que cree que terminará lo que empezó con discutible diligencia César
Romero Pamparacuatro dentro de un año. Eso si no la cambian. Aquella
secuencia de detenciones, pinchazos telefónicos, sospechas por doquier,
una Canarias encanallada puesta de rodillas en los juzgados, iniciada en
2005, y cuya explosión originó un terremoto durante 2006 y 2007, con la
réplica final en Lanzarote en 2009, no ha tenido una sola respuesta en
forma de juicio en ninguno de los asuntos citados. Han pasado seis y
siete años y no hay justicia que diga los que son culpables o inocentes…
Han pasado seis y siete años criminalizados en los medios, en su vida
particular, tomados como delincuentes, retratados al lado de sus hijos
como basura a la que había que desaparecer…, y no sabemos a qué
atenernos. Si despreciarlos para siempre, o levantarles una estatua por
lo que han sufrido sin motivo.
Contemplando lo sucedido en Malaya pienso en los doscientos imputados.
¿Los culpables recibirán una ayuda samaritana al final? ¿Habrá tantos
deseos de verdad en la Justicia, tantos deseos de autocrítica y de
responder a la verdad con la verdad, que serán capaces de distinguir
entre lobos y ovejas? ¿Tocará esta Justicia la excelencia y sabrá
detectar que lo que fue una persecución política también persiguió
contaminar a la propia Justicia? Lo espero con todas mis fuerzas. Para
ya. Para que la Justicia sea Justicia. ¿Qué valor tiene incriminar a un
político delincuente dentro de diez años cuando la sociedad ya lo separó
del rebaño del poder? ¿Quién puede reparar la inocencia de un ciudadano
cuando dentro de esos diez años se sepa que no tuvo nada que ver? De
alguna forma los que orquestaron aquellas operaciones lograron su
objetivo: colocar a López Aguilar a las puertas del poder autonómico, y
lanzar una manta de sospechas sobre todas las instituciones. Y, por si
fuera poco, ni la corrupción ni quienes la elaboran cuidadosamente han
desaparecido del escenario.
