LA ÉTICA Y LA NÁUSEA

TERESA CÁRDENES Imposible contener un acceso de repugnancia infinita ante la ingente cantidad de basura que se va destilando de los tres mil folios del caso Góndola sobre los que el juez que investiga esta presunta trama de corrupción en el municipio de Mogán ha levantado el secreto del sumario. Las miserias de Eolo, Faycán, Paraíso o Las Teresitas han ido desfilando ante los atónitos ojos de los lectores como un resumen de la inmundicia que ha sido capaz de albergar la escena pública canaria. Putrefacción de los modos políticos y de los niveles de calidad democrática mínimamente exigibles a quienes responden del voto de los ciudadanos para ser sus valedores. Pero aún faltaban los papeles de Góndola, de los que emerge estos días en estado puro la desvergüenza y la carencia absoluta de escrúpulos con que un alcalde, Francisco González, y su brazo derecho y colaboradora necesaria, Onalia Bueno, manipulan a su antojo el poder municipal conferido por las urnas para ponerlo al servicio de intereses que tienen muy poco que ver con el general y mucho, según van acreditando los indicios, con su propio bolsillo. Es sencillamente nauseabundo observar el desparpajo con que, según revelan las escuchas policiales, ambos personajes chalanean a golpe de teléfono sobre a qué empresarios y a cuáles no hay que adjudicar una u otra obra, o cuán incómodo resultan determinados sistemas públicos de contratación cuya finalidad es justamente hacer posible la transparencia y bloquear, en lo posible, la tentación de corromper o corromperse. Pero más grave aún es tener la certeza, la seguridad absoluta, de que, habiendo podido intervenir ante la cantidad abrumadora de indicios de un uso torticero del poder, el Partido Popular de José Manuel Soria consintió que ambos, uno como cabeza de lista del PP, la otra por la puerta falsa de las asesorías pagadas con dinero público, siguieran ocupando el poder en Mogán. Suele el presidente del PP_defenderse con el argumento de que su partido no anticipa veredictos que corresponden a los jueces. Pero va siendo hora de que, al margen del resultado de los procesos judiciales por la vía penal, alguien reconozca que desde el punto de vista de la estricta responsabilidad política, hay hechos inadmisibles que sólo merecen ser exterminados sin contemplaciones, con independencia e incluso al margen de lo que dictaminen finalmente los jueces. Lo contrario no es sino resignarse a nadar en la basura y a permitir que la indignidad y una repugnante traición a los propios electores echen raíces allí donde debería reinar sencillamente la ética.