FRANCISCO POMARES
Al Gobierno le crecen los enanos: un reciente informe del BBVA parece haberse realizado ex profeso para desmentir los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo sobre la supuesta y tradicional falta de sensibilidad de Madrid para con Canarias. En el citado informe -realizado con el rigor y la solvencia que caracteriza desde siempre al servicio de estudios del banco- se demuestra que Canarias es la penúltima de las regiones españolas en aportación fiscal al Estado, pero la tercera en recibir financiación de la tesorería española. Además, el BBVA considera que la economía de Canarias se encuentra situada en la media de las regiones españolas más ricas. Los datos son inapelables, y la opinión procede de una entidad neutral, dependiente de una institución financiera que conoce a la perfección la realidad económica del Archipiélago.Lo que no dice este informe del BBVA, pero sí decenas de informes sobradamente conocidos en las Islas, es que esa situación no ha mejorado el hecho de que los salarios canarios se sitúen a la cola de los salarios españoles (una realidad que el propio presidente del Gobierno ha recordado para justificar su negativa a mejorar los salarios de los docentes) y que el porcentaje de personas que viven en el umbral de la pobreza en las Islas o por debajo de él es muy superior al de la media española, como nos recuerdan Caritas y Cruz Roja todos los años. Cabría preguntarse entonces qué es lo que ocurre en esta región para que -viviendo la economía isleña una ventajosa situación de privilegios fiscales y subvenciones- la riqueza que se genera en las islas o los recursos que llegan transferidos desde el Estado y la Unión Europea no repercutan en la ciudadanía. Durante demasiados años, el debate político en esta región se ha centrado en lograr mayores y mejores exenciones para las empresas y más dinero estatal para infraestructuras, sin que nadie haya considerado necesario dar cuenta de si esas exenciones y esa financiación han servido para mejorar la vida de los canarios en la misma medida en que han mejorado el beneficio de las grandes empresas. Nadie discute la necesidad de apoyar a las empresas a mejorar su solvencia y capitalización, pero el problema surge cuando toda la estrategia económica de una administración se vincula a la defensa de los intereses de 15 ó 20 grandes grupos económicos, olvidando que las finanzas que deben preocupar a los gobernantes son las de los ciudadanos y las familias. El discurso ramplonamente victimista de esta Administración -que es el mismo desde hace 20 años- se estampa contra la realidad miserable de unos salarios que -en Canarias- siguen creciendo muy por debajo de lo que crecen los resultados y las reservas empresariales. En Canarias hay ya suficientes recursos para no tener que mendigar más al Estado. Lo que ocurre es que esos recursos están en los bolsillos de muy pocos, y a este Gobierno no le interesa apretar esos bolsillos.
