La consejera de Sanidad canaria echa tierra sobre las muertes del hospital de Tenerife a golpe de querella

Mercedes Roldós / Efe.
Lo nunca visto. En lugar de aclarar y depurar responsabilidades por la excesiva mortalidad del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC), demostrada en una auditoría externa realizada por profesionales independientes designados por el Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV), la consejera de Sanidad del Gobierno canario Mercedes Roldós prefiere tapar el asunto acusando al cirujano que denunció la situación, Ignacio Díaz de Tuesta, y amenazándole con acciones legales por los supuestos delitos de injurias y calumnias por parte del Consorcio Sanitario de Tenerife.
Roldós, del Partido Popular, anunció que este acuerdo incluye a quienes difundan informaciones tendenciosas y difamatorias sobre los índices de mortalidad en este servicio entre los que se encuentra, se supone, El Confidencial tras haber destapado en primicia el asunto. La consejera opina que las declaraciones del cirujano rebelde han creado alarma social y han lesionado el prestigio y el buen nombre de los profesionales del hospital.
El Consorcio Sanitario de Tenerife entiende que las declaraciones de Díaz de Tuesta se han agravado tras la sentencia que desestimó el recurso que éste presentó tras ser despedido del centro. Sin embargo, este diario ha podido confirmar la alta mortalidad del servicio de cardiocirugía dirigido por Rafael Martínez Sanz en conversación con otros facultativos del propio hospital así como con miembros de otros centros hospitalarios, bajo el anonimato, que se niegan a enviar a sus pacientes al HUC.
De llevarse a cabo las querellas del Consorcio, se van a juntar en los juzgados con la investigación de la propia Fiscalía tinerfeña acerca del exceso de muertes en quirófano. A finales de febrero, dicha institución abrió diligencias previas y, según fuentes solventes, ya ha solicitado oficialmente las historias de varios pacientes junto a diversa documentación. La apertura del caso parece inminente.
Pataleta de la Consejería
Así las cosas, la consejera de Sanidad dijo que "no todo vale", y pataleó porque el PSOE haya participado en crear preocupación y dolor a los pacientes que se deben someter a este tipo de operaciones.
La consejera señaló que el cirujano cardiovascular que ha realizado estas denuncias fue despedido tras la apertura de dos expedientes disciplinarios por dos faltas muy graves. Sin embargo, obvió el detalle de que el despido ha sido declarado improcedente. Además, la consejera señaló que el índice de mortalidad en este servicio es del 7,9%, que es equiparable al existente en cualquier otro centro, olvidándose de que la media nacional es del 6,7%, sin explicar por qué en la memoria del hospital reza entonces una tasa del 0,8% en 2006 y de que, de todas formas, aún no se puede determinar el porcentaje porque los protocolos de seguimiento exigen que deben pasar seis meses del siguiente año para asegurarse de que no fallece ningún paciente más en el posoperatorio.

Los diputados se aumentan el sueldo con una paga más

Almudena Sánchez Santa Cruz de Tenerife
Cuarenta y tres de los sesenta diputados que componen el Parlamento autonómico verán engordadas sus nóminas el próximo verano. La Mesa, a propuesta de la Junta de Portavoces, aprobó el pasado lunes introducir una paga más que se repartirá dos veces a lo largo del año.
Mientras la mayoría de los ciudadanos se tiene que apretar cada día más el cinturón para afrontar la recesión económica, los diputados podrán encararla con más desahogo. La Mesa, en su última reunión celebrada el pasado 7 de abril, dio el visto bueno a una propuesta que venía de la Junta de Portavoces mediante la cual se introduce por primera vez en el cuadro de retribuciones mensuales de los diputados dos medias pagas extraordinarias.
El acuerdo contempla que la primera media paga se empezará a cobrar en verano y la otra media a finales de 2008.
Esto significa que, si cada diputado recibe ahora mismo 4.505,5 euros mensuales brutos, en verano pasará a cobrar 2.252,75 euros más y otro tanto en diciembre. En realidad, pasarán de tener 12 mensualidades a 13 a lo largo de este año y sucesivos.
Estas cantidades no incluyen ni otros emolumentos -dietas y asistencias-, ni el aumento que tienen recogido en el sueldo los portavoces de los grupos por el cargo que ocupan, cuya retribución está en torno a los 5.690 euros mensuales en términos brutos.
Cabe recordar que éste no ha sido el único acuerdo adoptado acerca de las retribuciones. En enero de este mismo año la Mesa y la Junta de Portavoces también decidieron subir un 10% el importe de las dietas que cobran los diputados por asistir al trabajo y desplazarse al Parlamento, con independencia de si cobran o no un sueldo fijo al mes. En el Presupuesto
La Presidencia de la Cámara aclaró ayer que la medida resuelta el pasado lunes se enmarca «dentro de las partidas incluidas en los Presupustos de la Comunidad Autónoma correspondientes a este año, aprobados por unanimidad de los grupos políticos». De esta forma, «lo único que se ha hecho es dar el visto bueno a partidas que están ya en los Presupuestos», concretó.
Por otro lado, cabe reseñar que pagas extraordinarias se liquidan en otras asambleas legislativas. El acuerdo adoptado por la Mesa y la Junta de Portavoces viene precedido por un informe de los servicios parlamentarios en el que se da información comparada con otras instituciones de la península.
De este modo, se señala que los diputados vascos y navarros son los que más cobran de todo el Estado ya que sus sueldos están en torno a los 66.500 euros los primeros y 65.000 euros los segundos en términos anuales brutos. En esta cantidad, queda incluidas las dietas, desplazamiento, etc...
Los parlamentarios catalanes se sitúan a un nivel similar a los canarios. Cobran al año en términos brutos unos 53.000 euros. Los mallorquines y los gallegos también se mantienen en la horquilla de los 50.000 euros. En Cantabria, los parlamentarios perciben una cantidad anual aproximada de 53.000 euros brutos, incluidas las dietas y otro tipo de complementos.

Los menores inmigrantes no acompañados, «almacenados

B. Amezua Las Palmas de Gran Canaria
Los menores inmgrantes no acompañados «continúan almacenados» en Canarias, según el informe de Human Rights Watch de 2008. El acuerdo de readmisión con Marruecos es un «fracaso» mientras España falla en la protección de los derechos de estos niños en la Comunidad Autónoma.
Cientos de menores inmigrantes no acompañados «continúan almacenados en los centros de emergencia» de las Islas Canarias, tal y como recoge el informe de este año de Human Rights Wacht. A la saturación denunciada una vez más por esta ONG en el apartado dedicado a España, se agrega que estos menores están sujetos a «excesivas» medidas «restrictivas» contra la libertad de movimientos.
Las acusaciones descritas en el mencionado informe de situación añaden que existen carencias en el acceso a la educación pública al tiempo que se afirma que detectan «obstáculos» en la aplicación de la legislación para solicitar asilo además de casos «de abuso y negligencia del personal» de los centros de acogida de los menores inmigrantes no acompañados.
Una vez más las denuncias sobre el trato dado a los inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso con los niños que son atendidos por el Gobierno de Canarias, vuelve a ocupar una parte específica del informe anual de esta organización dedicada a la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Pero además, Human Rights Wacht asegura en este documento que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó una visita, el pasado mes de septiembre, a uno de los centros de acogida de estos niños. En relación al acuerdo de repatriación, firmado por Marruecos el pasado mes de marzo, esta ONG sostiene que «ha fracasado» en relación a la protección de los niños de daños potenciales y en la garantía de sus mejores intereses.
El Gobierno alauita aprobó el acuerdo de repatriación de menores no acompañados firmado con España como consecuencia del memorando de entendimiento firmado por ambos países en diciembre de 2003 y elevada posteriormente a rango de acuerdo durante la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí, que se clausuró en marzo de 2007 en Rabat.
Dicho acuerdo establecía que la parte española se responsabilizaba de la financiación de las acciones de protección y repatriación además de colaborar en las labores de prevención, principalmente, las que fomentaban el desarrollo socioeconómico de las regiones marroquíes con fuerte potencial migratorio.
Las dos partes se comprometían a facilitar la repatriación de los menores alauitas no compañados cumpliendo las leyes españolas en vigor y también los convenios internacionales en materia de protección de menores. Las autoridades españolas informarían a las marroquíes sobre la entrega ilegal al territorio de España en un plazo de un mes. Las autoridades del país vecino debían contestar en un plazo de tres meses con todos los datos sobre la identidad de los menores y de sus familias. La Administración española podía decidir entonces la devolución de los niños para su integración familiar o en centros sociales, que iban a ser preparados en colaboración entre los dos países. Una comisión de seguimiento de la aplicación de este convenio se debía reunir dos veces al año para evaluar la situación además de organizar otras reuniones extraordinarias.
En esta ocasión, este informe no recoge los supuestos malos tratos y vejaciones perpetrados contra estos niños en varios centros de las Islas denunciados en 2007 y archivados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

EN ESTE MISMO INFORME SE HABLA DE LA UTILIZACIÓN DE CAMISAS DE FUERZA Y OTRAS MEDIDAS SIMILARES EN LA REPATRIACIÓN

LOS FUNDAMENTOS DEL PÁJARO APUPÚ

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ. A estas alturas de la película ya se sabe de qué va la cosa política canaria. No hace falta que venga un juez para explicarlo, si acaso para ratificar si una pesquisa se ajusta a derecho o ha sido fruto de una novelería y para que sentencie en consecuencia, pero no para evaluar la moralidad de estos guiones, un factor que queda a juicio de la lucidez de cada espectador.Y de hecho, tras muchos meses de ver cómo se maneja esta barca que a la deriva nos lleva, pues puede ir uno haciéndose la idea de que la gestión de la cosa pública en este archipiélago no está precisamente en manos de la candidez y de los nobles principios basados en la virtud y la equidad.Llamaditas por aquí y llamaditas por allá; permutas masivas de terrenos de escaso interés general; despeje de maleza para acelerar trámites particulares; componendas para convertir megavatios en tragaperras; trapicheo organizado para trincar votos, investigaciones municipales a la mismísima policía y en fin, todo lo que ustedes quisieron saber pero nunca se atrevieron a preguntar. Y lo que queda por venir... que no es flojo.Pero aquí no dimite ni el pájaro apupú por dos motivos fundamentales. El motivo fundamental uno es la normalización. Es tanto el caudal de información sobre la trapisonda que se está produciendo una hiperinflación del compadreo, de tal forma que si se acusa a Cojoncio de prevaricar, el otro resulta que ha prevaricado más y entonces, ah, estamos empatados.Y el motivo fundamental dos se encuentra en el argumentario de José Manuel Soria, el ponente del PP nacional y jefe del partido que por ahora está primero en esta liga. Dice Soria con alucinante desfachatez que hasta que lo dicten los jueces aquí no hay nada que objetar.Pues sí que lo hay. Esto en una empresa con tino es suficiente para apartar a sus gerentes. Se les pone en la gaveta de reserva por el fatal daño a la imagen corporativa; para salvaguardar la tesorería; por la impepinabilidad de ser competentes; y por la estricta limpieza necesaria para atraer más riqueza e inversores, que son cuatro razones para mandarlos a paseo hasta que el juez diga lo contrario. No al revés, y menos aún cuando lo que está en manos de estos directivos es el patrimonio y la proyección de todos nosotros.

El dinero negro en Canarias mueve 8.500 millones de euros al año y representa el 20% del PIB regional

RUBÉN REJA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La economía sumergida aflora con fuerza en Canarias. Esta región mueve casi 8.500 millones de euros al año en este concepto, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social. La cifra representa un 4% de la bolsa de dinero negro existente en todo el Estado, y supone ya más del 20% del PIB regional, según un informe realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). Este análisis, elaborado a partir de la extrapolación de datos del PIB disponible, según el INE, revela que la provincia de Las Palmas concentra el mayor volumen de economía sumergida de las Islas (55%) con 4.500 millones de euros. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife registra casi 4.000 millones euros.Además, el informe de los técnicos de Hacienda asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía canaria está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario en el Archipiélago representa 358 millones de euros. Como muestra, este colectivo de Hacienda estima que el 69,8% de los arrendamientos localizados en el Archipiélago son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco. En la actualidad, existen alrededor de 64.877 alquileres sin declarar en las Islas, lo que representa el 6,6% del total del parque de viviendas alquiladas en todo el Estado. Este colectivo cifra en 144,2 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en esta comunidad derivadas del arrendamiento de vivienda. EMPRESAS. Asimismo, el estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 92,4% de las compañías asentadas en Canarias que facturan entre 1,8 y seis millones de euros (un total de 1.117 sociedades) escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas por facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros. "Es normal que los contribuyentes quieran eludir a Hacienda y pagar menos impuestos", explica un asesor financiero, que recuerda que "el actual abanico de impuestos, tanto estatales, como los locales y autonómicos lleva a muchos contribuyentes a bordear la legalidad para evitar el pago. En muchos casos como medio de supervivencia".Por otro lado, los técnicos de Hacienda presentan otro dato contundente: la adquisición de vehículos de lujo en Canarias se incrementó un 22% durante el pasado año. Se trata de coches de más de 60.000 euros, lo que constituye también una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Gestha señala que de forma paradójica las matriculaciones de turismos protagonizaron un comportamiento a la baja con una caída del 3,4% en Tenerife y del 0,7% en la provincia de Las Palmas.En este sentido, este colectivo insiste en que en un momento donde el endeudamiento de las familias se ha disparado y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, "la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo claro de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria de los últimos años, ni al incremento de la circulación de billetes de 500 euros en el mercado".

LA ÉTICA Y LA NÁUSEA

TERESA CÁRDENES Imposible contener un acceso de repugnancia infinita ante la ingente cantidad de basura que se va destilando de los tres mil folios del caso Góndola sobre los que el juez que investiga esta presunta trama de corrupción en el municipio de Mogán ha levantado el secreto del sumario. Las miserias de Eolo, Faycán, Paraíso o Las Teresitas han ido desfilando ante los atónitos ojos de los lectores como un resumen de la inmundicia que ha sido capaz de albergar la escena pública canaria. Putrefacción de los modos políticos y de los niveles de calidad democrática mínimamente exigibles a quienes responden del voto de los ciudadanos para ser sus valedores. Pero aún faltaban los papeles de Góndola, de los que emerge estos días en estado puro la desvergüenza y la carencia absoluta de escrúpulos con que un alcalde, Francisco González, y su brazo derecho y colaboradora necesaria, Onalia Bueno, manipulan a su antojo el poder municipal conferido por las urnas para ponerlo al servicio de intereses que tienen muy poco que ver con el general y mucho, según van acreditando los indicios, con su propio bolsillo. Es sencillamente nauseabundo observar el desparpajo con que, según revelan las escuchas policiales, ambos personajes chalanean a golpe de teléfono sobre a qué empresarios y a cuáles no hay que adjudicar una u otra obra, o cuán incómodo resultan determinados sistemas públicos de contratación cuya finalidad es justamente hacer posible la transparencia y bloquear, en lo posible, la tentación de corromper o corromperse. Pero más grave aún es tener la certeza, la seguridad absoluta, de que, habiendo podido intervenir ante la cantidad abrumadora de indicios de un uso torticero del poder, el Partido Popular de José Manuel Soria consintió que ambos, uno como cabeza de lista del PP, la otra por la puerta falsa de las asesorías pagadas con dinero público, siguieran ocupando el poder en Mogán. Suele el presidente del PP_defenderse con el argumento de que su partido no anticipa veredictos que corresponden a los jueces. Pero va siendo hora de que, al margen del resultado de los procesos judiciales por la vía penal, alguien reconozca que desde el punto de vista de la estricta responsabilidad política, hay hechos inadmisibles que sólo merecen ser exterminados sin contemplaciones, con independencia e incluso al margen de lo que dictaminen finalmente los jueces. Lo contrario no es sino resignarse a nadar en la basura y a permitir que la indignidad y una repugnante traición a los propios electores echen raíces allí donde debería reinar sencillamente la ética.

Riesgo de suicidios en los centros de inmigrantes

ACN PRESS - SANTA CRUZ DE TENERIFE. La fragilidad de las personas que llegan a Canarias, tras semanas, meses e incluso años de periplo, sumada a las condiciones inhumanas y la ausencia de especialistas para prestar atención psicológica en los centros de detención aumentan el riesgo de actos desesperados como suicidios o de autolesiones.Así lo ha advertido a ACN Press Sara Prestianni, la experta internacional que visitó varios de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) españoles, entre ellos el de El Matorral en Fuerteventura, para elaborar un informe sobre la situación en los mismos que fue encargado por el Parlamento Europeo a la consultora independiente Steps.Cuestionada por la posibilidad de que los inmigrantes que se encuentran en los centros del Archipiélago puedan recurrir a estas prácticas desesperadas, Prestianni respondió que es algo que "no se puede excluir" ya que existe un "riesgo por las malas condiciones" de acogida y el sentimiento de "desamparo" que sufren los inmigrantes.No obstante, la experta puntualizó que el "riesgo de tentativas de suicidios" es "mayor en los centros de la Península" ya que una vez allí las personas saben que les espera la "expulsión", por tanto, la vuelta a la casilla de salida de un peligroso viaje que no les ha permitido alcanzar la vida mejor que anhelaban. Mientras que, cuando se encuentran en el Archipiélago a pesar de las "condiciones horribles" que existen en los centros, se sienten en una "fase de espera y esperanza" de poder ser trasladados y permanecer en Europa, explicó."He constatado casos de tentativa de suicidio" así como de "autolesiones en países como Italia" donde los centros de inmigrantes disponen de una "mayor presencia de asistencia psicológica" en comparación con los "CIEs de España", declaró la investigadora internacional quien, por ello, no pudo descartar que estos lamentables eventos puedan producirse igualmente en los centros españoles y de las Islas.Los suicidios de los inmigrantes son más habituales en los países nórdicos, como Dinamarca, donde las condiciones de acogida son buenas pero la estancia en los centros puede prolongarse de forma indeterminada hasta la búsqueda de una solución. Esta incertidumbre ante el futuro provoca que en ocasiones las personas recurran a quitarse la vida.Sin embergo, Prestianni insistió en que, "todo internamiento tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas, incluso en los casos de un periodo más corto" como puede ser España (40 días) o Francia (32 días)."Algunas condiciones de los CIEs, como el hecho de estar encerrados en las celdas sin poder salir y de no comprender muy bien lo que pasa, son elementos patógenos" que, junto a la situación "psicológica" determinan el "estado del inmigrante", resumió la investigadora.Sara Prestianni ha sido la encargada de investigar, recabar la información sobre el terreno y redactar la parte del estudio sobre los CIEs referida a tres países de la Unión Europea (UE): España, Italia y Eslovenia. El informe, encargado por la Eurocámara a la consultora Steps y que abarca la totalidad de los socios comunitarios, analiza la situación de los centros para inmigrantes haciendo un especial hincapié en las personas vulnerables.En este sentido, la investigadora explicó que bajo el concepto de vulnerabilidad se encuentran no sólo los menores, las mujeres embarazadas o los enfermos, sino también todas aquellas personas que en su tránsito hacia Canarias –que en ocasiones puede prolongarse durante años- han sufrido abusos y violencia o, por citar otro ejemplo, quienes llegan aterrorizados por haber permanecido 15 días en un cayuco sin saber nadar.De hecho, estos han sido los casos de varios de los seis inmigrantes potencialmente ‘vulnerables´ cuestionados por la experta en su visita a El Matorral.Prestianni interrogó a "dos chicas de 18 años de Sierra Leona y de Uganda" que mostraban "signos de violencia física y psíquica" padecida "durante el año que pasaron en el bosque de Marruecos en su travesía hacia Europa". Otros dos jóvenes, ambos de Gambia, padecían síntomas de "shock" y de "vulnerabilidad psicológica" por el "trauma" que les había causado la travesía "de 12 días en cayuco".El quinto inmigrante en situación frágil interrogado confidencialmente por la experta italiana fue un "joven muchacho de Guinea Conakri que se declaraba menor" pero "que estaba detenido ilegalmente" puesto que "a simple vista la Cruz Roja que presta servicio en el puerto" determinó que era mayor de edad. Por último, el informe cita a un "chico de Costa de Marfil demandante de asilo".A pesar de estos antecedentes ninguno de los inmigrantes recibía un tratamiento adecuado a su vulnerabilidad en el centro de El Matorral, según se desprende del informe que asegura que, "en general existe una falta de personal capaz de identificar a las personas vulnerables; el único personal presente" en los centros españoles "es de seguridad" y no hay ni "trabajadores sociales, ni psicólogos o médicos" que reconozcan la fragilidad de las personas.Por ello, la principal conclusión del estudio en cuanto a "Canarias" es que las "condiciones de acogida y detención no tienen en cuenta a las personas vulnerables, a pesar de que su número es muy elevado en los centros de las islas por la travesía" traumática que realizan para "llegar a Europa".Un hecho que también denunció el responsable de Steps y coordinador del estudio, Claude Simonnot quien recalcó que las personas que reciben a los inmigrantes en el Archipiélago "no son competentes para determinar su vulnerabilidad"."Nunca se tiene en cuenta el largo trayecto de 15 días en el mar". "En el momento que llegan en nombre de la invasión y la llegada masiva se justifican las condiciones de detención", lamentó la investigadoraCUATRO DUCHAS Y DOS ASEOS PARA 300 PERSONAS. La "visita al CIE de Fuerteventura ha hecho emerger el comportamiento inhumano y degradante que afrontan los inmigrantes", así lo expresa el informe solicitado por la Eurocámara en el que Sara Prestianni indica, además, que durante esta visita constató que no había ningún "responsable médico-sanitario" y "sólo una voluntaria", en particular una monja, se ocupaba de "curar las heridas" de los inmigrantes.En el informe elaborado a raíz de esta inspección, la investigadora denuncia la saturación del centro de El Matorral donde por "308 personas sólo hay 4 duchas y dos inodoros" lo que "resulta contrario" a las "normas de respeto del ser humano".Además, la práctica del CIE majorero prevé que los inmigrantes permanezcan en grupo y salgan al patio del bloque al que pertenecen por turnos. Debido a lo cual sólo llegan a dar "dos o tres vueltas a la semana". "Los inmigrantes han confirmado haber pasado la primera semana recluídos en la habitación teniendo como único momento de salida la hora para el rezo o para la cena", expone Prestianni que asegura que quienes colaboran con la policía disfrutan de más libertad dentro del centro.Un CIE que sólo cuenta con 7 teléfonos y carece de módulos para familias y de estructuras para acoger a los discapacitados físicos y mentales, así como a las mujeres embarazadas de menos de seis meses. Por encima de este periodo, pasan al cuidado de la Cruz Roja.Otro de los aspectos que denuncia la experta italiana es que, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos, los inmigrantes –a los que se les da una muda a pie de playa- no reciben ningún ‘kit´ a su llegada al centro con ropa y sábanas por lo que "durante los cuarenta días de detención" no pueden cambiarse y duermen al raso sobre los colchones.Unas "condiciones de vida peores a las prisiones" que son "denunciadas constantemente por el Defensor del Pueblo", asegura el documento que también cita las "condiciones de los centros de menores" de Canarias que "han sido criticadas con dureza en el último informe de Human Rights Watch que habla de abusos sexuales y de violencia física contra los menores acogidos".CONVERTIR LOS CENTROS CANARIOS EN CENTROS ABIERTOS. Una vez expuesta la fotografía de las condiciones de vida de los inmigrantes en los centros de detención, el informe plantea una serie de recomendaciones como: que se flexibilice el régimen carcelario y las personas dispongan de una mayor libertad en el interior de los centros; que haya personal especializado para la asistencia social y psicológica; que se establezcan nuevas pruebas para la identificación de los menores debido al gran margen de error de los tests óseos; y que se permita el acceso permanente al centro de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y médicos.Al respecto, la experta se refirió a la lentitud burocrática española que causó que durante "un mes o un mes y medio" no obtuviera ninguna respuesta sobre la posibilidad de visitar los CIEs en España. Por lo que tuvo que retrasar en varias ocasiones el momento previsto para el desplazamiento. Sólo dos días antes de la última fecha establecida, y bajo la presión de ser el único socio europeo que no había aún respondido positivamente, las autoridades accedieron a permitir su entrada en los centros.Habría sido "muy complicado negar el acceso a representantes del Parlamento Europeo", consideró Prestianni.También Simonnot indicó que, a pesar de que esperaban encontrar "más problemas" para acceder a los centros de inmigrantes en los "socios del Este" de la UE, la realidad fue diferente y las mayores trabas fueron de España.Asimismo, el documento externo de la Eurocámara considera que tanto los Centros de Internamiento de Extranjeros de Canarias como el de Algeciras (Andalucía) al situarse en las fronteras deberían transformarse en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) similares a los que existen de Ceuta y Melilla.Las ciudades autónomas situadas al norte de Marruecos acogen los dos únicos CETIs que existen en España. Unos centros que están gestionados directamente por el Ministerio de Asuntos Sociales y cuyas principales características es que ofrecen un "servicio de asistencia social, médica, legal y psicológica" y los "inmigrantes" disponen de un "régimen de libertad" por el cual "pueden entrar y salir" del centro "pero no trasladarse a la Península", describe Sara Prestianni en el estudio.CONCLUSIONES PARA NEGOCIAR LOS CRITERIOS DE LA READMISIÓN. La realización de este informe titulado ‘Condiciones de los nacionales de terceros países retenidos en los centros (campos de detención, centros abiertos, así como zonas de tránsito) en los miembros de la UE con una atención particular a los servicios y medios para las personas con necesidades específicas´ fue encargado por parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo a la consultora independiente ‘STEPS Consulting Social´.El coordinador del estudio explicó que la metodología aplicada ha sido la designación de un investigador internacional independiente que recogía la información sobre el terreno y que contaba con la colaboración de un socio nacional.En el caso de España la investigadora designada ha sido Sara Prestianni, que también visitó los centros de Barcelona, Algeciras, Málaga y Madrid, y con ella ha cooperado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).Simonnot rechazó las críticas lanzadas a este informe por haber sido realizado por una "empresa privada" ya que se trata de un estudio independiente solicitado por la Eurocámara.Un informe que podrá ser utilizado en el marco de las negociaciones de la directiva europea sobre los criterios mínimos de acogida y readmisión. De hecho, Prestianni confió en que las "conclusiones" y recomendaciones del estudio sean "tenidas en cuenta" a la hora de discutir la futura normativa europea.