El secretario general del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo, y el abogado Ignacio Calatayud declararán como imputados en el caso que se sigue contra el presidente de la corporación insular, Pedro San Ginés (CC), en relación a la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja.
Según han informado este miércoles a Efe fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, que investiga a San Ginés por presuntos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación de esta planta, ha imputado tanto a Perdomo como a Calatayud porque el principal investigado se basó en informes verbales de ambos para proceder a la incautación de la planta sin orden judicial.
El juzgado ha ordenado también a la Policía Judicial su personación en la sede de una televisión local de la isla para obtener las imágenes que fueron grabadas durante la incautación de la planta desaladora.
Las fuentes han indicado que en estas imágenes se aprecia la identidad de los funcionarios públicos y operarios participantes en la incautación sin orden judicial de la citada infraestructura hidráulica, ordenada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.
El juez decidió suspender esa declaración de Perdomo, al solicitar la acusación ejercida por Podemos, que declarara como imputado, con el fin de salvaguardar sus derechos de defensa ante su posible procesamiento.
Esta acusación había pedido también la declaración como imputado del abogado Ignacio Calatayud, asesor externo del Cabildo y del Consorcio Insular de Aguas, que, según el presidente San Ginés, fue el autor del informe jurídico que avaló posteriormente la incautación de la planta.
Fuentes judiciales han señalado que la declaración de Calatayud puede resultar importante en el proceso, ya que el gerente de la empresa Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, reconoció hace unas semanas ante el juez que el abogado, que asesoró al presidente del Cabildo y del Consorcio Insular del Agua en la incautación de la desaladora, trabajaba también para la compañía, principal beneficiaria económica de la intervención de la planta.