
Para que sus hijos puedan seguir siendo atendidos, los padres tendrán ahora que desplazarse a Santa Lucía o Agüimes, "si hubiera plazas", o acudir a un servicio privado "que cuesta hasta 200 euros mensuales". Y precisamente, destacan que las familias afectadas "cuentan con un nivel socio económico medio-bajo, que no les permite el acceso a un recurso privado de atención temprana, o desplazarse a otro municipio para recibir un servicio adecuado".
En el aula "se interviene en las dificultades que presentan los menores en las áreas motoras, perceptivo-cognitiva, del lenguaje y comunicación, social y de autonomía". Según informan los padres, este servicio "funciona con aportación municipal, y otra parte que aporta el Gobierno de Canarias".
Los afectados afirman que "están dispuestos a buscar soluciones" incluso haciendo una aportación económica, "pero el Ayuntamiento se cierra en banda". Llevan más de medio mes manteniendo reuniones con las autoridades municipales, y también han protagonizado una concentración.