Mientras uno de cada tres canarios está en exclusión social o en riesgo de caer en ella, la pobreza severa se incrementa generando en Canarias más de 58.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. Las anomalías en la prestación de la PCI son cotidianas y generan vulneración del derecho a la misma ya que la cobra una de cada seis personas con derecho, y los retrasos en su adjudicación como en su renovación son habituales, generan un exceso de burocracia injustificada y agotan a las personas demandantes de este derecho
La ausencia de ingresos unido a la carencia de prestaciones sociales para hacer frente a las necesidades vitales, conllevan que cada día hayan más familias que no pueden pagar la luz, el agua, el alquiler, la comunidad, una alimentación mínima, los medicamentos prescritos, etc. y se hacen más dependientes del entorno familiar y social gracias a los cuales se logran paliar las necesidades más acuciantes, pero a costa del empobreciendo del entorno y la generación de nuevas formas de pobreza.