DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE El pasado 7 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente iniciaba la ejecución, con todo el peso de la Ley de Costas, de la demolición de las viviendas ilegales en pleno dominio público de Cho Vito, en Candelaria. El despliegue policial para desalojar a las personas que se resistieron hasta el último momento dio la vuelta a España. Antes otros poblados canarios, como los ubicados en la costa de El Sauzal, habían caído presa de las palas. Y otra treintena de núcleos costeros de todo el Archipiélago corren el mismo riesgo. Pero, apenas cuatro meses después de lo de Cho Vito y de manera sorpresiva, el mismo Ministerio introducía con disimulo, a través de otra norma legal (la Ley de Navegación Marítima), una reforma para permitir vender y comprar casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño.