EL CACIQUISMO DEL ESTADO AUTONÓMICO

Federico Aguilera Klink
Catedrático de Economía Aplicada (Universidad de La Laguna) y Premio Nacional de Economía y Medioambiente, 2004

Gracias a Ramón Pérez Almodóvar y José Manuel Castellano Gil he entendido mejor que en Canarias, aunque no sólo aquí, se ha consolidado un tipo de gobierno y de toma de decisiones que se puede calificar como Caciquismo Autonómico. Es más, me temo que la ampliación de los Estatutos de Autonomía (¡Dios nos coja confesados!), auténtica cortina de humo para no hablar sobre los problemas reales que preocupan a los ciudadanos, sólo va a reforzar este caciquismo. La razón es que esta manera autoritaria y caciquil de gobernar, se disfrace de Autonomías, nación o lo que sea, se ha extendido por todo el país y descansa sobre unas instituciones, un lenguaje y unas ideas totalmente ficticias. Esta es la realidad, ya prevista por Joly como forma de gobierno en 1864, cuando señalaba amargamente: “El secreto principal del gobierno consiste en debilitar el espíritu público, hasta el punto de desinteresarlo por completo de las ideas y los principios con los que hoy se hacen las revoluciones. En todos los tiempos, los pueblos al igual que los hombres se han contentado con las palabras. Casi invariablemente les basta con las apariencias; no piden nada más. Es posible entonces crear instituciones ficticias que respondan a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias. (Joly, 1992).Las supuestas autonomías se han consolidado como caciquismos bajo un tenue barniz de democracia basada en las elecciones pero sin tener en cuenta a las personas a la hora de tomar las decisiones. Sin embargo, “… la escenificación de las elecciones despierta cada vez mayor indiferencia entre la población que, como máximo, le atribuye el interés circunstancial de un bingo que puede coincidir con su papeleta depositada en la urna, en el caso cada vez más hipotético de ser votante“ (Albert Boadella, 2000, 156).
Esto ha permitido 25 años de irresponsabilidad y saqueo de lo público en beneficio de un entramado político-empresarial que por toda España se califica de “lo nuestro”, es decir, de lo suyo. Pero ahora resulta que la solución propuesta para, supuestamente, resolver los problemas generados por este neocaciquismo se encuentra en ampliar las competencias de los estatutos de autonomía y en conseguir que “Madrid” asuma la deuda histórica. Parece que quienes han gobernado autonómicamente durante este tiempo no tienen ninguna responsabilidad en la creación de esos problemas o en su no solución. Así pues, en lugar de pedir la devolución de competencias, que es lo que sería razonable, (¿pero a quien se las devolvemos?) por incompetentes e irresponsables en la gestión de lo público (pero no de lo suyo), la solución que defienden es más competencias para seguir saqueando lo público en beneficio de unos cuantos, de “nuestra gente”, es decir, de los amigos. ¿Cuál ha sido el resultado de estos veinticinco años de caciquismo autonómico en Canarias? Lo explican muy bien Ramón Pérez y José Manuel Castellano: convertirse en una sociedad totalmente descohesionada de pocos, nuevos y grandes ricos y de muchos pobres y en la que apenas hay distinción entre empresarios y políticos. Con una distribución de la renta cada vez más desigual, con 400.000 canarios bajo el umbral de la pobreza, según Cáritas, mientras que la riqueza monetaria se ha conseguido a través del engaño sistemático a Madrid (quizás sería mejor hablar de autoengaño después de las declaraciones del Ministro de justicia sobre la connivencia entre políticos y empresarios en Canarias) y a Bruselas conseguido con la complicidad del Gobierno Autonómico cuyo mensaje fundamental es que hay que persistir en el victimismo y en que la economía va muy mal para así conseguir más fondos, ayudas y subvenciones. Por eso, el presidente del Gobierno, Adán Martín, cuyo partido lleva gobernando casi veinte años, considera que la pobreza en Canarias es una de las “herencias más dolorosas” ajena, por supuesto, a sus responsabilidades como político. Me imagino que tampoco se considera responsable de un sistema fiscal profundamente injusto y generador de estas desigualdades, cuya estrella es la RIC, que permite a los empresarios no pagar impuestos ni dar cuenta de cómo gastan esos impuestos no pagados aunque, en teoría, tenían que destinarse a inversiones productivas y generadoras de empleo en Canarias.
El gobierno canario insiste en que todo el mundo acepte y se crea la ultraperiferia como convención mental, tal y como hace el proyecto de Constitución Europea, para que siempre seamos ultraperiferia. Dicho de una manera más clara: Los políticos-empresarios canarios quieren seguir siendo profundamente ultraperiféricos para seguir recibiendo dinero de Madrid y Bruselas. Esa es su vocación: Victimista profesional. Ahora bien, por mucho que se insista en que la economía canaria va mal, los datos económicos (o mejor economicistas) ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística muestran con claridad que, a pesar de tanto victimismo y tanta ultraperiferia, el PIB per cápita canario en 2004 es superior al de comunidades oficialmente no ultraperiféricas como Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia (El País, 2/5/2005). Otra cosa es cómo se distribuye ese PIB y cómo afecta al medio ambiente. Pero esto no importa ya que, oficialmente, el gobierno canario está a favor del desarrollo sostenible, en clara sintonía con el uso de un lenguaje ficticio, como señalaba Joly. Por otro lado, en esta ultraperiferia contamos con más de 100.000 viviendas vacías (datos del INE) y algunos empresarios canarios invierten de manera entusiasta en Cabo Verde, Marruecos y el Caribe. Pero no nos engañemos. La solución a tanta “Pasión por nuestra tierra y nuestras perras” se encuentra en continuar con la RIC, en consolidar el estatuto de Región Ultraperiférica, en la construcción de infraestructuras innecesarias, en la ampliación de las competencias del estatuto de autonomía y en la creación de la policía autonómica.