Ariadna Martínez www.atlanticohoy.com
Moisés Macías Rodríguez, vecino de Ingenio, afronta junto a su esposa y sus seis hijos de entre 3 y 14 años un desahucioprevisto para este jueves a las 12:00 horas. La orden será ejecutada a petición del fondo buitre Promontoria Yellowstone, que adquirió la vivienda tras comprar la deuda a CaixaBank. La familia denuncia que, pese a sus esfuerzos y al trabajo constante de Moisés, no cuentan con ninguna alternativa habitacional.
“Estoy desesperado. No duermo, no como bien y mi mujer está destrozada. Lo disimulamos delante de los niños, pero ellos ya son conscientes de lo que pasa. Lo único que pedimos es que paralicen el desahucio o que nos den una vivienda asequible para poder pagar. No quiero nada regalado, solo un techo para mis hijos”, ha declarado Macías ante los medios de comunicación.
14 años pagando una hipoteca
El afectado recuerda que compró su vivienda en 2006 por 158.000 euros y la estuvo pagando durante 14 años. La crisis familiar comenzó en 2020, cuando su esposa perdió el trabajo. En ese momento la familia dependía de una pensión por incapacidad absoluta de 800 euros y del subsidio de desempleo de 428 euros de ella. Con 1.200 euros mensuales, resultaba imposible afrontar una hipoteca cercana a los 800 euros y los gastos básicos de ocho personas.
“Decidimos dejar de pagar la hipoteca porque primero estaban mis hijos. A raíz de eso tuve que ir al tribunal médico y renunciar a mi incapacidad absoluta para reincorporarme al trabajo. Pasé a tener una incapacidad total, con lo que me rebajaron la pensión a menos de 400 euros. Ahora, con mi empleo fijo y la pensión, entran en casa unos 1.800 euros, pero con los precios de los alquileres es imposible llegar a fin de mes”, explica.
Moisés cuenta que llegó a solicitar un préstamo personal en su banco para saldar una deuda de poco más de 6.000 euros con la hipoteca, pero se lo denegaron. Poco después, la entidad vendió la propiedad a Yellowstone, que solo le ofreció dos salidas: pagar 137.000 euros por quedarse con la vivienda o abandonarla.
Ayudas insuficientes
La familia relata que ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Ingenio y a los servicios sociales, pero lo único que le han ofrecido es el pago de dos meses de alquiler y, en otra ocasión, una tarjeta de supermercado de 120 euros. Teme que toda esta situación les lleve a perder a sus hijos.
Todo ello está teniendo un fuerte impacto en la salud de los menores. Uno de los mellizos comenzó a sufrir episodios de ausencia y ataques epilépticos derivados del estrés, por lo que recibe tratamiento.
Alquileres inalcanzables
El padre de familia no quieren que les regalen nada, pero señala que la búsqueda de alternativas en el mercado de alquiler ha sido infructuosa debido a los precios tan elevados. “Hay viviendas de dos habitaciones por 800 o 1.000 euros, y encima te piden dos meses de fianza y que el banco certifique tu solvencia. Nosotros podemos pagar, pero no esas cantidades. Con seis hijos es imposible acceder, muchos propietarios ni siquiera quieren alquilar a familias numerosas”, lamenta Macías.
Con unos ingresos de 1.800 euros entre sueldo y pensión, el pago de un alquiler a precios de mercado, sumado a los gastos básicos de agua, luz, alimentación, libros y transporte escolar, deja a la familia sin margen de maniobra. “Dicen que supero el umbral de pobreza, pero con seis hijos a cargo ¿cómo se puede subsistir con lo que nos queda? No sé ni dónde meter la cabeza”, agrega.
Derecho a la vivienda
La abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, que representa a la familia, ha denunciado que se está “vulnerando el derecho a la vivienda en Canarias”. La abogada critica que “fondos buitres que compran deudas a bajo coste se queden con casas que luego tapiarán, mientras familias trabajadoras acaban en la calle”. Por ello, piden “a la ciudadanía que se movilice el jueves para impedir este desahucio”.
Desde la asociación recuerdan que este no es un caso aislado. “En esta isla ya no queda una sola vivienda pública ni asequible. Muchas familias se ven obligadas a vivir en coches, caravanas o chabolas. Algunas denuncian su situación, otras se van en silencio por vergüenza. Pero el problema es estructural y las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad”, añadió Saavedra.