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Canarias Ahora
La plataforma contra los desahucios Derecho al Techo ha criticado este lunes la oposición del Colegio de Economistas de Las Palmas a la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada por problemas de vivienda, porque considera que este colectivo profesional se ha alineado con quienes se benefician de la especulación urbanística.
La organización social ha reaccionado así al informe difundido el pasado viernes por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas y elaborado en virtud de un convenio de colaboración con la empresa Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, que concluye que la capital grancanaria no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Vivienda para ser considerada zona tensionada, de acuerdo a datos oficiales y criterios técnicos, pese al parecer contrario del Ayuntamiento.
Derecho al Techo niega ese planteamiento, pues opina que el posicionamiento de los economistas es una muestra de que “el Gobierno de Canarias y las élites técnicas que lo rodean no tienen ninguna voluntad política de aplicar ni siquiera una medida mínima de contención del mercado inmobiliario, por limitada que sea”.
A su juicio, “la negativa a reconocer Las Palmas zona tensionada confirma su compromiso con los intereses de la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión y la especulación urbanística”.
Derecho a Techo insiste en oponerse al documento del colegio profesional, que recuerda que “cuestiona el informe técnico aprobado por el pleno del Ayuntamiento en enero de 2025, que sí reconocía que se superaban los umbrales marcados por la Ley de Vivienda para aplicar una limitación de precios”.
La plataforma apunta que el Colegio de Economistas “niega la tensión habitacional en base a una supuesta abundancia de viviendas vacías o sobrantes”, pero “lo que no explica es por qué, en medio de ese excedente, miles de personas viven hacinadas, comparten piso, dedican más del 40% de su sueldo al alquiler o, directamente, están siendo expulsadas de sus barrios”.
Y añade que “tampoco dice que muchas de esas viviendas sobrantes no están en alquiler ni en venta, sino en plataformas turísticas o, simplemente, retenidas como activo financiero”.
Desde esos argumentos, Derecho al Techo respalda el paso dado por el Ayuntamiento en favor de la declaración de zona tensionada, pese a considerar -matiza- que “no es una solución estructural” porque “no resuelve la raíz del problema: el carácter mercantil de la vivienda, la falta de control público y la precariedad estructural de buena parte de la población”.
Porque “es una herramienta que podría frenar o, al menos, ralentizar la espiral de subidas de precios”, sostiene, apuntando como prueba de ello que, “en Barcelona, donde ya se aplica, los precios bajaron un 6%”.
La conclusión de la plataforma, que afirma que “la declaración de zona tensionada por sí sola no basta” y que “tiene que ir acompañada de una moratoria de la vivienda vacacional y de una regulación clara y efectiva de los alquileres por temporada, que hoy se utilizan como vía de escape para evitar cualquier control”, es que Gobierno autónomo y patronales rechazan “incluso eso: un mínimo freno, un leve cortafuegos”.
Algo que era previsible, porque “no confiamos en que las instituciones caciquiles de Canarias impulsen políticas valientes” y “no esperamos que se enfrenten a los grandes intereses inmobiliarios”, señalan desde Derecho al Techo, aunque apostillando: “pero tampoco nos resignamos”