miércoles, 4 de noviembre de 2015

La conservación de las carreteras del Cabildo puede dejar a decenas de personas en el paro

Desde mediados de 2014, la intención por parte del anterior consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, era convertir los lotes de repavimentación de carreteras de la isla en plurianuales, sacando a licitación los trabajos de repavimentación, en lugar de, como se venía haciendo hasta la fecha, dos lotes por año, con unos importes de entre cuatro y seis millones divididos entre la zona norte y la zona sur, en lotes, repetimos, de 4 + 2 años.
Los riesgos que llevan inherentes esta política son varios.
En primer lugar, en caso de que una empresa sea adjudicataria en un proceso de subasta, modalidad en la que siempre se ha licitado este tipo de trabajo, para la empresa el contrato sería de poca rentabilidad. Esto, necesariamente, generaría las consiguientes rebajas en calidades o los diferentes intentos posteriores de “arreglo” con los responsables de la supervisión de los trabajos.
En segundo lugar, en el supuesto caso de que una empresa no fuera adjudicataria, el horizonte temporal para volver a concursar quedaría demasiado lejano, seis años, haciendo imposible mantener plantillas de trabajadores y estructura de empresa. Dado que el Cabildo de Gran Canaria es el máximo cliente de las empresas asfalteras y existiendo el Plan de Cooperación Institucional con todos los Ayuntamientos que posibilita que puedan pedir asfalto para sus municipios a través de dichos contratos, las posibilidades de tener trabajo de asfaltado en un plazo medio-largo, se reducirían significativamente si la licitación se hace por seis años.
Por último, el alto importe de la licitación, se habla de que puede ser de hasta 36 millones de euros, es un efecto llamada para empresas de carácter nacional que podrían plantearse instalar una planta propia en la isla, con lo que las empresas grancanarias saldrían notablemente perjudicadas.

Si a todo lo anterior, le sumamos la aversión al riesgo de dichas empresas y la vinculación de resultados financieros al número de contratos que manejan, independientemente de su rentabilidad, las haría unas candidatas seguras a la obtención de dichos contratos en perjuicio de las empresas locales.