
Estas cifras conforman el punto de partida, tanto para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como para el Gobierno de Canarias, para luchar contra la economía sumergida. Según los datos que maneja la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, las actividades que evaden el control fiscal y laboral mueven cada año en el Archipiélago más de 11.600 millones de euros, lo que sitúa a la Comunidad canaria como la segunda autonomía con más economía sumergida de España.
Además, según el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), la economía sumergida representa el 30% de la actividad económica en Canarias y ocupa a unas 125.000 personas. El volumen de dinero que se mueve en estas prácticas irregulares incluye tanto el fraude fiscal como el laboral. La proporción estimada por Hacienda es que el componente fiscal supone el 66,2%, mientras el 33% es el factor laboral, es decir que de cada 100 euros en negro, 66 son por evasión fiscal y 33 euros son defraudados a la Seguridad Social.