La firme determinación de Marta Pérez, una tinerfeña envenenada hace diez años por los pesticidas utilizados por la empresa BONNY, S.A. en sus invernaderos, ha permitido sacar a la luz pública la pervivencia de relaciones con claras reminiscencias "serviles" en el agro canario, dominado aún por los grandes propietarios-exportadores del Archipiélago. En pleno siglo XXI, miles de trabajadores de las islas e inmigrantes pobres continúan sufriendo una extrema explotación, que incluye la exposición a sustancias tóxicas que pueden causar graves secuelas de por vida o incluso provocar la muerte. ¿Son tan diferentes las condiciones laborales del jornalero de hoy en día a las
que debían soportar en los años 40 del pasado siglo los trabajadores de Juliano Bonny Gómez, fundador de la saga familiar que controla actualmente la principal organización productora-exportadora de tomates de España?
