StopDerroche se adhiere a la EXIGENCIA DE LA RETIRADA INMEDIATA DE LA NUEVA LICITACIÓN PARA LA REFORMA DEL ESTADIO DE GRAN CANARIA

COMUNICADO DE PRENSA

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y POLÍTICAS REGISTRAN EN EL

CABILDO SU PETICIÓN PARA RETIRAR LA LICITACIÓN DEL ESTADIO DE GRAN

CANARIA

Las entidades consideran que el gasto previsto no es viable ante la emergencia habitacional y

las necesidades sociales de Gran Canaria.

Las organizaciones sociales, sindicales y políticas firmantes registraron este jueves, 13 de agosto,

en el Cabildo de Gran Canaria, el escrito mediante el que solicitan formalmente la retirada de la

nueva licitación para la reforma del Estadio de Gran Canaria.

Una representación de los colectivos acudió al Registro del Cabildo y, posteriormente, atendió a los

medios de comunicación para explicar los motivos de esta iniciativa y reclamar un cambio en las

prioridades de la inversión pública.

El portavoz de las organizaciones, Vicente Quintana, señaló que «este derroche no es

viable para la situación que está viviendo la isla de Gran Canaria», especialmente ante

una emergencia habitacional que está dejando a miles de personas y familias con

enormes dificultades para acceder a una vivienda digna.

Quintana cuestionó que se pretenda destinar una cantidad de esta magnitud a una infraestructura

deportiva mientras existen necesidades sociales urgentes que siguen sin recibir una respuesta

suficiente.

Las organizaciones consideran que la inversión prevista para la reforma del Estadio de Gran

Canaria, que sitúa el coste de la actuación en torno a 234 millones de euros, requiere un debate

social y político mucho más amplio. A su juicio, los recursos públicos deben priorizar la vivienda

pública, los servicios sociales, la sanidad, la educación y aquellas políticas destinadas a garantizar

derechos básicos.

«No estamos diciendo que no haya que invertir en deporte. Estamos diciendo que hay

que establecer prioridades y que, en una isla donde tantas familias tienen problemas

para acceder a una vivienda, no se puede presentar este nivel de gasto como si no

existieran otras necesidades», señalaron los colectivos.

Asimismo, las organizaciones defendieron que el Estadio de Gran Canaria debe mantener una

vocación inequívocamente pública, al tratarse de una infraestructura financiada con recursos

públicos, y reclamaron transparencia, control público y ausencia de privilegios para intereses

particulares en cualquier modelo de gestión.

Los colectivos también trasladaron su posición respecto al Mundial de Fútbol de 2030 y la

participación de Marruecos, reclamando coherencia a las instituciones canarias en materia de

derechos humanos y solidaridad con el pueblo saharaui.

Las organizaciones firmantes consideran que el debate sobre el Estadio de Gran Canaria debe servir

también para abrir una discusión más amplia sobre qué modelo de isla se quiere construir y

cuáles deben ser las prioridades de la inversión pública.

En un contexto marcado por la emergencia habitacional, el encarecimiento de la vivienda y las

dificultades que afrontan miles de familias, los colectivos sostienen que la vivienda y los derechos

sociales deben estar por delante de cualquier proyecto que implique un gasto público de

estas dimensiones.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

COBAS · CCOO · UGT · Intersindical Canaria · Sindicato de Gremios Unidos · Movimiento de

Trabajadoras y Trabajadores de Canarias · STEC · Frente Sindical · Sindicatos Obreros de Canarias

· Federación Sindical de Canarias · Unidad del Pueblo · REUNIR · PCC · Canarias Insumisa · Partido

Feminista de España · Verdes Canarias · Foro por la Memoria de Canarias · Al Servicio de la

República (ASR) · Antifascista Elsa Wolff · Alternativa Sindical Obrera de Canarias · Kellys de

Canarias · Asociación Siembra Canaria · Red de Solidaridad Popular de Jinámar · Podemos

Canarias · A.V. Ciudad Alta «AVECALTA» · Radio San Borondón · Centro de la Cultura Popular

Canaria · Izquierda Anticapitalista Revolucionaria · Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al

Pueblo Saharaui · Stop Derroche · Izquierda Unida Canaria · Anticapitalista

Cosme Vega: Vivienda en Canarias - Lo ocurrido en Guía

Carmen Hernández: Vivienda en Canarias

PRECARISTAS. UN DOCUMENTAL SOBRE LA REALIDAD QUE NOS INVITA A DIALOGAR

23 de mayo

 Ayer, tuvimos el inmenso placer de proyectar 'Precaristas' en el primer cineforum orientado a la vivienda en Telde.

Estamos muy contentas y agradecidas, tanto con las vecinas que nos brindaron un debate muy enriquecedor, como con la Comunidad de la Palabra, quien nos cedió el espacio.

 Ahora... ¿Qué? 

A seguir creando espacios comunes. A seguir conociéndonos y creando lazos vecinales, a través del diálogo y la cultura.

Y sobre todo, a seguir. Porque aún hay 'gente que sabe levantar edificios con sus manos, pero tiene que vivir en la calle'.

12 de marzo (2026) en La Isleta

8 de noviembre (2025) en San Juan

El local social es nuestro ateneo particular donde el encuentro participativo propicia el debate de ideas. 

Ideas que deben ser inclusivas y no excluyentes.

Éstas últimas imperan en el discurso social marcado por organizaciones que lo alimentan. 

En el acto de ayer se analizó un problema estructural del que las instituciones no ponen el acento como se debiera. Hablamos de la vivienda. 

Se podrá estar de acuerdo o no con los planteamientos ofrecidos, pero el fin que perseguimos y perseguiremos , es la inclusión y la garantía a dar respuesta a un derecho. 

Lo que sí estamos muy orgullosos desde la asociación,  es en cómo se desarrolló el debate posterior: con respeto, aceptar la opinión diferente, mirar que hay opciones distintas para enfocar un tema sensible. 

Gracias!!! Gracias por el ejemplo de ayer. Tu asociación de vecinos Artemi.

No aceptaremos debates que excluyan.

Miller 25 de julio

 Ayer compartimos un espacio muy especial en la sede del Club los Arapiles con el visionado del documental Precaristas y un debate posterior.

Nos emocionó ver a gente tan joven participando, reflexionando y sumándose a la conversación sobre el derecho a la vivienda.

Vimos un documental autogestionado que retrata la organización colectiva de familias precarizadas para acceder a una vivienda digna. Realizado en 2018 por Inèrcia Docs, en colaboración con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la FAGC, este trabajo recoge la voz de quienes construyen alternativas desde abajo y con lo puesto.

Inspirarnos en las victorias de otras puede impulsarnos en nuestras propias luchas.

Lo primero que hicimos fue comentar brevemente como surge el documental y en que contexto, explicando especialmente la labor del sindicato de inquilinas de G.C

El debate fue muy interesante entre otras porque mucha gente no conocía las comunidades que habían surgido en los años 2015/2016 de personas que ocuparon viviendas de bancos los vecinos comentaron que el local fue un terreno "ocupado" para poder tener un local en el barrio y que se levanto con el esfuerzo de la comun. Esos detalles a la gente joven le sorprendió.

De esos debates salió el tema de los barrios y las formas de activar los espacios de encuentro que darían pie a construir alternativas o generar propuestas para los problemas de la vivienda y la organización vecinal.

Sabemos que esta lucha es larga y compleja, pero también que solo juntas, desde los barrios, podemos construir cambios reales.

Fue solo el inicio: iremos poco a poco llegando a distintos rincones de Gran Canaria para visibilizar las muchas caras de la crisis habitacional que vivimos.

COMUNICADO de DERECHO AL TECHO - Ante la decisión del Congreso de los Diputados hoy

El Congreso de los Diputados ha decidido ponerse del lado de la especulación y en contra de la mayoría social.

La derogación del decreto que prorrogaba los contratos de alquiler y limitaba las subidas al 2% no es un gesto técnico, es una decisión política consciente que deja a miles de personas expuestas a subidas abusivas, desahucios invisibles y la expulsión de sus barrios.

Los votos de PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PNV, han tumbado una medida mínima de contención en un contexto de emergencia habitacional. Mientras tanto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, expulsaba del hemiciclo a inquilinas que hacían exactamente lo que este país necesita que es decir la verdad en voz alta.

A esta situación se suma la inacción del Gobierno de Canarias, que no se ha posicionado a favor de la prórroga de estas medidas y sigue sin desarrollar políticas efectivas que garanticen la vivienda como un derecho. A día de hoy, la Ley de Vivienda continúa sin aplicarse plenamente en el archipiélago, sin la declaración de zonas tensionadas ni herramientas reales para frenar la escalada de precios.

Hablamos de familias que no saben si podrán seguir en sus casas.Hablamos de jóvenes expulsados de sus ciudades.Hablamos de una generación atrapada en la precariedad mientras fondos buitre y rentistas multiplican sus beneficios.

Desde Derecho al Techo denunciamos esta decisión como un paso más en la consolidación de un modelo que prioriza la rentabilidad frente a la vida. Y lo decimos claro, no vamos a aceptar que se legisle contra la gente.

Exigimos la aprobación inmediata de medidas efectivas que garanticen, estabilidad real en los alquileres, la bajada efectiva de los precios, no solo su contención. La ampliación del parque público de vivienda, la aplicación  inmediata de la Ley de Vivienda, incluyendo la declaración de zonas tensionadas en Canarias y el fin de los desahucios sin alternativa habitacional

Anunciamos que vamos a seguir organizándonos, movilizándonos y señalando a quienes están convirtiendo el derecho a la vivienda en un privilegio.

Convocamos a toda la ciudadanía a salir este Primero de Mayo a las calles para defender el derecho a la vivienda.Y anunciamos la preparación de una próxima huelga estatal de alquileres frente a los llamados “alquileres seguros”.

Porque sin casa no hay vida.Porque sin derechos no hay paz social.

Únete. Organízate. Lucha por el Derecho al Techo

DERECHO AL TECHO - 1º de Mayo. Juventud en pie por la vivienda.  Tenemos derecho a una vida digna. Tenemos derecho a una vivienda propia. Tenemos derecho a alquileres asequibles.  No puede ser que trabajar no alcance para independizarse. No puede ser que vivir en nuestro barrio se haya convertido en un lujo.  Nos están expulsando.Están convirtiendo la vivienda en un negocio.Y no es casualidad, es un modelo que beneficia a unos pocos.  La respuesta es organizarnos.Huelga estatal de alquileres y llenar las calles.  No vamos a resignarnos a no poder construir nuestro futuro.  11:00 h De San Telmo a Plaza Santa Ana — Las Palmas de Gran Canaria. Nos vemos junto al kiosko del parque. Trae tus carteles, tus pancartas, tus demandas.  Juventud en pie por el derecho a la vivienda. Acabemos con el negocio de la vivienda

Los datos del catastro revelan que la multipropiedad es cada vez mayor en el Archipiélago

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  Toni Ferrera
  
  Los datos del catastro revelan que la multipropiedad es cada vez mayor en el Archipiélago, con un aumento imparable de los dueños de dos, tres, cuatro, cinco y hasta 25 viviendas o locales. La sociedad de rentistas, que antes era más plural, se está concentrando en pocas manos.
  
  El acceso a la vivienda de quienes buscan emanciparse o escapar de zulos permanece bloqueado en Canarias por los altos precios y la nula oferta. Pero la realidad es bien distinta cuando ya tienes varios o muchísimos pisos a tu nombre.
  
  La multipropiedad lleva años viviendo un momento dulce en el Archipiélago. Mientras el número de dueños de un solo inmueble urbano ha pasado de casi 600.000 en 2010 a 642.000 en 2025, un leve aumento del 7,5%, el total de titulares de dos o más ha variado de 305.000 a 466.000 en el mismo periodo de tiempo, es decir, una fuerte subida del 52,7%, según los datos del Catastro analizados por Canarias Ahora.
  
  El grupo de propietarios que más ha crecido es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.
  

• + INFO Y GRÁFICOS

• https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/canarias-rompe-barrera-50-000-propietarios-cuatro-inmuebles-apenas-crecen_1_13082578.amp.html

"Los desahucios invisibles" - Defendamos el escudo social

En la tarde de hoy en el parque san Telmo se pudieron oír unos mensajes claros. Se explicó que la suspension del escudo social significará nuevos desahucios, tambien Los desahucios invisibles. Esos desahucios que no lo son aparentemente pero sí en realidad porque de mil maneras acabas yendote . En realidad "no son desahucios, son expulsiones".

Los convocantes coreaban frases como
-La vivienda es un derecho
-Contra el rentismo y la especulacion

La convocatoria urgente respondía, como en otras ciudades de España a que en el Parlamento han votado contra las medidas que protegían a miles de familias frente a los desahucios.

COMUNICADO CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.

Estamos hoy aquí porque nos están echando de nuestras casas y contra el recorte de las pensiones.

Y porque quienes tienen el poder de evitarlo han decidido no hacerlo.

La caída del decreto que protegía a las familias vulnerables y que reactiva los desahucios, recorta las pensiones, rompe hogares y condena a cerca de 70.000 familias a la angustia, la pobreza y la exclusión, no es un error técnico ni una anécdota parlamentaria.

_Es una decisión política consciente con responsables claros: PP, Vox y Junts, quienes lo tumbaron_

_Una_ decisión política, tomada sabiendo perfectamente a quién perjudicaba.

Nos dicen que no hay alternativa.

¡Mentira! ¡Mentira, es mentira!

Alternativa hay.

Lo que no hay es voluntad política para enfrentarse al negocio de la vivienda y defenderla como lo que es: un derecho básico que debería ser fundamental.

Hoy, decenas de miles de familias vuelven a estar en la cuerda floja.

Y millones de personas inquilinas viven y vivirán, con la incertidumbre constante de no saber si podrán pagar el próximo alquiler.

Mientras tanto, los precios siguen subiendo.

Las viviendas que prometieron siguen vacías.

Y los fondos de inversión continúan acumulando beneficios.

Y en Canarias, nuestro hogar, la situación es extrema.

Aquí, la mayoría de los desahucios no son por hipoteca, son por alquiler.

Gente que trabaja, que cuida, que sostiene esta tierra, es expulsada de sus barrios porque no puede competir con la especulación.

Esto no es una crisis natural.

Esto, es una emergencia habitacional provocada.

Provocada, por políticas que protegen a los grandes tenedores.

Por gobiernos que miran hacia otro lado.

Por un sistema que trata la vivienda como mercancía y no como lo que es, 

un derecho básico que debería _estar_ garantizado.

No aceptaremos vivir pendientes de prórrogas temporales.

No aceptamos que nuestra estabilidad dependa de votaciones coyunturales.

No aceptamos que se juegue con nuestras vidas desde despachos y parlamentos.

Exigimos medidas estructurales, permanentes y valientes.

Exigimos que se movilicen ya los recursos públicos para garantizar la vivienda digna.

Exigimos que las viviendas en manos de grandes tenedores cumplan una función social.

Exigimos un parque público de vivienda real, suficiente y accesible.

Exigimos el fin de la especulación y de los abusos en el mercado del alquiler.

No pedimos favores.

Exigimos derechos.

Y avisamos a quienes están arriba,

No nos vamos a quedar en casa esperando el desahucio.

No vamos a asumir el miedo como _nuestra_ forma de vida.

No vamos a aceptar que nos expulsen en silencio.

Porque no hay vida digna sin vivienda.

Porque la vivienda es un derecho, no un negocio.

Y porque si nos quieren fuera, nos tendrán enfrente.

En Canarias, esto va a ser devastador.

Moratoria de alquileres, protección social y derecho a la vivienda ¡YA!.

Únete a la lucha contra el colapso habitacional

📍 Parque San Telmo

🗓 Miércoles 28 · 🕖 19

.00 h

Gobierno de Canarias promueve negocio inmobiliario contra el derecho a vivienda

DERECHO AL TECHO SE OPONE AL I Congreso de Vivienda en Canarias que organiza el Gobierno de Canarias a celebrar el 1 y 2 de diciembre de 2025 Y DENUNCIA:

No es una jornada sobre el derecho a la vivienda sino sobre el negocio inmobiliario. Aunque se presenta como un encuentro para “un nuevo modelo de vivienda”, el programa está dominado por promotores, bancos, constructoras, consultoras inmobiliarias y agentes privados vinculados a la especulación del suelo.

Los actores prioritarios en estas jornadas son intereses empresariales, no la ciudadanía afectada por desahucios, infravivienda o alquileres inasumibles.

Este congreso legitima el modelo que ha generado la crisis porque se analizan licencias, suelo urbanizable, financiación privada e industrialización como si el problema fuera técnico, cuando es político y estructural.

El enfoque que le dan es más suelo, más obra, más mercado, pero ese modelo es exactamente el que ha encarecido la vivienda y expulsado a la población residente.

Se prioriza la colaboración público-privada sin evaluar sus consecuencias y las mesas celebran la externalización, las concesiones y la financiación privada de vivienda protegida, cuando este modelo ya ha demostrado que eleva los precios del alquiler protegido con cláusulas de rentabilidad privada y se depende del mercado financiero para garantizar derechos y se privatiza suelo público bajo fórmulas opacas como “concesiones a 75 años”.

Se sigue teniendo la vivienda como un activo financiero y mercancía estratégica, no como un derecho y no se abordan las causas reales de la emergencia habitacional.

Se tendría que tratar  la turistificación, las viviendas vacacionales, el acaparamiento de vivienda por fondos buitre y socimis, para tenerlas cerradas, esperando a especular. En Canarias hay 211.000 viviendas cerradas y no se pone freno a la especulación y fiscalidad contra las viviendas vacías.

No se potencian modelos cooperativos sin ánimo de lucro y no se limita los precios de los alquileres.

El congreso habla de “asequible”, pero no discute cómo detener la especulación que impide que sea asequible.

La perspectiva ciudadana en este congreso está marginada, no hay representación de plataformas de afectados por la vivienda, de Derecho Al Techo, de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, del tercer sector que atiende emergencias habitacionales (más allá de representación simbólica), de jóvenes expulsados del mercado residencial, de la inmigración y familias monoparentales, mayores y colectivos vulnerables.

En estas jornadas la vivienda se trata como un sector económico, no como un derecho constitucional y convierte una emergencia social en oportunidad de negocio que se delatan en el lenguaje que usan: “Oportunidades de mercado”, “Industrialización de la vivienda”, “Modelos de inversión”, “Gestores inmobiliarios”.

Mientras miles de personas esperan vivienda pública, este congreso presenta la crisis habitacional como nicho de inversión y excluye modelos alternativos ya demostrados como vivienda pública permanente (modelo Viena). Parques públicos municipales no privatizables (modelo País Vasco) y cooperativas en cesión de uso o community land trusts. La Moratoria turística o regulación estricta de viviendas vacacionales.

El que esto no esté en la agenda demuestra que estas jornadas no busca soluciones, sino continuidad del sistema.

Dicen de construir consenso y legitimidad pero este tipo de eventos funcionan como marketing político, lavado institucional y escenificación  de diálogo sin conflicto.

Y hay conflicto entre el derecho a habitar y el derecho a especular.

Por todo ello rechazamos estas jornadas y porque no representa al pueblo que sufre la crisis habitacional, sino a quienes se benefician de ella.

No aborda las causas reales, sino que profundiza en un modelo extractivo.

No garantiza el derecho a la vivienda y lo mercantiliza, lo privatiza y lo desplaza del ámbito público al financiero.

Para solucionar la crisis habitacional la vivienda no puede seguir siendo una mercancía.

La vivienda es un derecho.

Yaiza María Viñoly Santana: Solidaridad en vivienda

 

Vicente Sanchís: Vivienda amiga

 

Derecho al techo: “Otra vez se gana un poquito”

Desde Derecho al Techo, plataforma que no ha dejado sola a la familia de Moisés, Raquel y sus seis niños desde que tuvieron conocimiento de que pesaba sobre ellos la amenaza de un desahucio después de que Caixabank vendiera al fondo Yellowstone su propiedad con ellos dentro, este martes se mostraban modestos con la victoria lograda: el Juzgado tras tres amenazas de desahucio sobre la familia, da a Visocan el tiempo que necesite para encontrar una alternativa habitacional para las ocho personas en Ingenio.

“Otra vez se gana un poquito”, decía uno de los activistas, con esa terrible tradición que pesa sobre ellos de no creerse del todo las buenas noticias.

Pero es muy importante analizar esta victoria de la sociedad civil desde el punto de vista, si les parece, un tanto estoico, de que vale el doble teniendo en cuenta de que el poder no tenía ninguna intención de claudicar. Ni el judicial ni el económico si de su propia inercia hubiera dependido

+ info

https://www.eldiario.es/canariasahora/opinion/paralizacion-desahucio-ingenio-importante-parece_132_12777583.html

Entrevista a los protagonistas: 

https://canariassolidaria.blogspot.com/2025/10/frenar-un-desahucio-en-ingenio-moises.html

Derecho a Techo pide presionar

Desde Derecho al Techo y ante la negativa del juez de suspender el desahucio, pedimos tu solidaridad y que copies el siguiente mensaje y lo envíes al Instagram de:

Promontorio Yellowstone

@yellowstonecap:

Promontorio Yellowstone: no dejen a seis menores en la calle.

El juez ha rechazado TODOS los recursos interpuesto por la abogada de Raquel, Moisés y su familia. La única manera de evitar que esta familia con seis menores se queden en la calle este jueves en Ingenio, en plena alerta meteorológica , es que ustedes pidan la suspensión del lanzamiento.

Promontorio Yellowstone, ¿cómo van a dejar a seis menores en la calle en Ingenio, Gran Canaria?

Promontorio Yellowstone, are you really gonna throw six kids in the street in Ingenio, Gran Canaria?

Lidia Cruz Rodríguez: Guanarteme se mueve

 

CHUS VILA, Sindicato de inquilinas de Fuerteventura

FRENAR UN DESAHUCIO EN INGENIO - Moisés Rodríguez / Dunia Gómez

Gilberto Moreno: Los menores en un desahucio

Una familia con seis hijos, al borde del desahucio en Ingenio: "Estoy desesperado"

Ariadna Martínez  www.atlanticohoy.com

Moisés Macías Rodríguez, vecino de Ingenio, afronta junto a su esposa y sus seis hijos de entre 3 y 14 años un desahucioprevisto para este jueves a las 12:00 horas. La orden será ejecutada a petición del fondo buitre Promontoria Yellowstone, que adquirió la vivienda tras comprar la deuda a CaixaBank. La familia denuncia que, pese a sus esfuerzos y al trabajo constante de Moisés, no cuentan con ninguna alternativa habitacional.

“Estoy desesperado. No duermo, no como bien y mi mujer está destrozada. Lo disimulamos delante de los niños, pero ellos ya son conscientes de lo que pasa. Lo único que pedimos es que paralicen el desahucio o que nos den una vivienda asequible para poder pagar. No quiero nada regalado, solo un techo para mis hijos”, ha declarado Macías ante los medios de comunicación.
14 años pagando una hipoteca

El afectado recuerda que compró su vivienda en 2006 por 158.000 euros y la estuvo pagando durante 14 años. La crisis familiar comenzó en 2020, cuando su esposa perdió el trabajo. En ese momento la familia dependía de una pensión por incapacidad absoluta de 800 euros y del subsidio de desempleo de 428 euros de ella. Con 1.200 euros mensuales, resultaba imposible afrontar una hipoteca cercana a los 800 euros y los gastos básicos de ocho personas.

“Decidimos dejar de pagar la hipoteca porque primero estaban mis hijos. A raíz de eso tuve que ir al tribunal médico y renunciar a mi incapacidad absoluta para reincorporarme al trabajo. Pasé a tener una incapacidad total, con lo que me rebajaron la pensión a menos de 400 euros. Ahora, con mi empleo fijo y la pensión, entran en casa unos 1.800 euros, pero con los precios de los alquileres es imposible llegar a fin de mes”, explica.
Moisés cuenta que llegó a solicitar un préstamo personal en su banco para saldar una deuda de poco más de 6.000 euros con la hipoteca, pero se lo denegaron. Poco después, la entidad vendió la propiedad a Yellowstone, que solo le ofreció dos salidas: pagar 137.000 euros por quedarse con la vivienda o abandonarla.

Ayudas insuficientes

La familia relata que ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Ingenio y a los servicios sociales, pero lo único que le han ofrecido es el pago de dos meses de alquiler y, en otra ocasión, una tarjeta de supermercado de 120 euros. Teme que toda esta situación les lleve a perder a sus hijos.

Todo ello está teniendo un fuerte impacto en la salud de los menores. Uno de los mellizos comenzó a sufrir episodios de ausencia y ataques epilépticos derivados del estrés, por lo que recibe tratamiento.

Alquileres inalcanzables

El padre de familia no quieren que les regalen nada, pero señala que la búsqueda de alternativas en el mercado de alquiler ha sido infructuosa debido a los precios tan elevados. “Hay viviendas de dos habitaciones por 800 o 1.000 euros, y encima te piden dos meses de fianza y que el banco certifique tu solvencia. Nosotros podemos pagar, pero no esas cantidades. Con seis hijos es imposible acceder, muchos propietarios ni siquiera quieren alquilar a familias numerosas”, lamenta Macías.

Con unos ingresos de 1.800 euros entre sueldo y pensión, el pago de un alquiler a precios de mercado, sumado a los gastos básicos de agua, luz, alimentación, libros y transporte escolar, deja a la familia sin margen de maniobra. “Dicen que supero el umbral de pobreza, pero con seis hijos a cargo ¿cómo se puede subsistir con lo que nos queda? No sé ni dónde meter la cabeza”, agrega.

Derecho a la vivienda

La abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, que representa a la familia, ha denunciado que se está “vulnerando el derecho a la vivienda en Canarias”. La abogada critica que “fondos buitres que compran deudas a bajo coste se queden con casas que luego tapiarán, mientras familias trabajadoras acaban en la calle”. Por ello, piden “a la ciudadanía que se movilice el jueves para impedir este desahucio”.

Desde la asociación recuerdan que este no es un caso aislado. “En esta isla ya no queda una sola vivienda pública ni asequible. Muchas familias se ven obligadas a vivir en coches, caravanas o chabolas. Algunas denuncian su situación, otras se van en silencio por vergüenza. Pero el problema es estructural y las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad”, añadió Saavedra.

UNA VICTORIA PARA LA GENTE HUMILDE (Y UNA PRUEBA MÁS DE QUE NOS GOBIERNAN PSICÓPATAS)

El Instituto Canario de la Vivienda nos ha confirmado por escrito hace unos días lo que llevamos años denunciando, que Visocan no puede cobrar el IBI a las familias que viven de alquiler en sus viviendas sociales. Lo denunciamos públicamente desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta en mayo de 2024, y lo llevamos por escrito al Parlamento de Canarias, a la Consejería de Vivienda, a la de Asuntos Sociales, al ICAVI, a Visocan, al Ayuntamiento de La Laguna y a la Diputada del Común. La única que hizo un poco de caso fue la señora Lola Padrón, al resto de sus señorías no les importó lo más mínimo que unas cuantas miles de familias de las más precarias de Canarias estuvieran siendo robadas literalmente por una empresa pública a razón de unos veinte euros al mes de media. Este robo, entiéndalo bien, a familias que en muchos casos no cobran absolutamente nada.

Nuestros argumentos eran claros: la Ley de Arrendamientos Urbanos exceptúa el pago del IBI a los arrendatarios de viviendas sociales, además incorporamos una Sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que lo venía a confirmar. A sus señorías les dio igual, ni que lleváramos infinidad de casos concretos, con facturas concretas y sufrimientos concretos de familias muy precarias, sumados a una larga lista de abusos por parte de Visocan. Pese a todo seguimos adelante con la vía que se nos abrió con la Diputada del Común, y con la lentitud habitual de sus procedimientos se fueron haciendo gestiones y elevando consultas a Visocan y al Instituto Canario de la Vivienda para pedir explicaciones.

Visocan respondió con su poca vergüenza habitual, argumentando que cobraban el IBI porque los inquilinos habían aceptado pagarlo en el contrato, dando por hecho que la gente humilde tiene que saberse al dedillo normativas, leyes, sentencias y demás historias, y no la administración pública que les pone el contrato por delante. Entonces ya le dijimos también por escrito a la señora Diputada del Común que tenía que acudir a la Fiscalía a denunciar a Visocan, por tener tremenda cara dura y saltarse las leyes de manera tan flagrante, pero a la señora Lola Padrón le pareció demasiado (quizá por aquello de que “perro no come perro”).

El asunto es que ahora contesta el director del Instituto Canario de la Vivienda y nos da absolutamente la razón. Pero nos la da aludiendo al Real Decreto-Ley 7/2019, una norma vigente para toda España y de obligado cumplimiento que lo deja bien claro con el siguiente literal:

“En primer lugar, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.”

¡Cobrar el IBI en viviendas públicas está prohibido expresamente desde marzo de 2019, con una sentencia del Tribunal Supremo que lo reafirmó en 2023, y sus señorías, todas, menos Lola Padrón, hicieron caso omiso! ¿Se puede tener menos vergüenza? Aunque esta pregunta se responde fácil, claro que se puede, y es que estamos hablando de psicópatas. Aunque a algunos les pueda parecer exagerado este calificativo, no lo será tanto si entendemos que la ausencia de empatía es el rasgo primigenio fundamental de cualquier psicópata, y es justo la ausencia de empatía lo que está detrás de la falta de actuaciones de todas estas administraciones y políticos que han ido sabiendo lo que pasaba y no actuaron. Sencillamente les da igual. El sufrimiento de la gente humilde les cae muy lejos, en otro mundo que no es el suyo, a años luz.

Y estamos hablando, insisto, de robarle 22 euros mensuales a muchas familias en situación de extrema precariedad, algunas incluso sin ingresos, empujándolas a más penurias y sufrimientos añadidos, que en algunos casos implicaban la acumulación de deudas ilegítimas considerablemente aumentadas por la pérdida de la subvención, y en casos extremos el cierre del expediente por impagos excesivos y un desahucio a las puertas. Les puedo asegurar que he conocido a unas cuantas familias de estas promociones de Visocan que han perdido a familiares por fallecimiento a edades mucho más tempranas de las que corresponderían. Y aunque ya nunca lo sabremos, siempre nos va a quedar la duda de saber si con una situación económica un poco menos acuciante, habrían podido tener una mejor calidad de vida, y su suerte habría cambiado.

El presidente del Instituto Canario de la Vivienda es el propio Consejero de Vivienda y máximo responsable de la política de vivienda en Canarias (CC): ¿actuará de oficio para corregir y sancionar debidamente a Visocan y ordenar devolver todo lo cobrado de más a tantas familias? ¿Va a dimitir alguien? ¿Pedirá algún político disculpas a toda la gente humilde por el sufrimiento causado y el robo consentido? ¿Irá por fin la Diputada del Común a Fiscalía a denunciar tan flagrantes ilegalidades, como establece la propia Ley de la Diputación del Común? ¿Hará algo al fin el taimado alcalde de La Laguna (PSOE) para defender a las muchas familias de Visocan que están siendo robadas en su municipio? ¿Por qué no anula directamente Luis Yeray el cobro del IBI a esas familias sin esperar a Visocan?

En fin, es la psicopatía institucional y política, que se manifiesta en unos gobernantes que desprotegen a quienes más lo necesitan, al tiempo que defienden y encubren a quienes abusan e incumplen. Lo estamos viendo últimamente en lo que sucede en el Puertito de Adeje, ahora lo comprobamos con las viviendas sociales, y lo veremos en todos los ámbitos a poco que investiguemos mínimamente. ¿Entienden ahora por qué digo que nos gobiernan psicópatas?

Pese a todo hoy celebramos una pequeña victoria. Ya nadie puede discutir que teníamos razón, y ahora todas las familias que llevan años siendo robadas por Visocan, aunque las administraciones no actúen de oficio, con el escrito que les facilitamos firmado por el Director del Instituto Canario de la Vivienda, lo tendrán más fácil para reclamar que se les cancele el cobro y les devuelvan lo cobrado de más.Una victoria que se presenta en cualquier caso bastante amarga, pues nos deja claro que la lucha por la justicia social va a ser algo más difícil de lo que creíamos, teniendo como tenemos a una clase dirigente de lo más cruel e insensible que hayamos visto.

Dicho todo esto, por favor, publiquen y difundan el artículo y sobre todo el escrito que se adjunta firmado por el Director del ICAVI, y háganselo llegar si pueden a las familias de Visocan que pudieran estar afectadas. En los próximos días acudiremos de todas maneras con el escrito a todas estas instituciones a las que hemos aludido, a ver si se dan por entradas y actúan por una ver en favor de lo que es justo.

Eloy Cuadra, portavoz de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta.

+ INFO: https://www.versussistema.com/2025/09/una-victoria-para-la-gente-humilde-y-una-prueba-mas-de-que-nos-gobiernan-psicopatas/

Bahía de Formas: el espejo roto de la política de vivienda en Canarias

La reciente macrooperación de la Guardia Civil en el asentamiento de Bahía de Formas, donde sobreviven cientos de familias y hasta un millar de personas en unas 200 construcciones precarias, no es un hecho aislado ni una anécdota urbanística. Es, en realidad, el retrato más descarnado de un fracaso colectivo: el de las políticas de vivienda en Canarias.

Resulta obsceno que, mientras el Estado y la Comunidad Autónoma reconocen la existencia de más de 200 000 viviendas vacías en las islas, seres humanos se vean obligados a habitar chabolas, caravanas o estructuras improvisadas, sin servicios, en insalubridad y al margen del derecho. El artículo 47 de la Constitución Española consagra el derecho a una vivienda digna; los poderes públicos deben garantizarlo.

Los datos son escalofriantes: en Santa Cruz de Tenerife, el 17,3 % del parque inmobiliario está vacío; en Las Palmas de Gran Canaria, un 14,3 %. Aun así, el precio del alquiler aumentó un 17 % en 2024, lo que condena a muchos jóvenes a destinar hasta el 40 % de su salario a una habitación. La contradicción es brutal: sobra ladrillo, pero falta techo. Se legisla mucho y se actúa poco. Mientras tanto, la inacción institucional y la especulación expulsan a los más vulnerables.

El Cabildo de Gran Canaria anuncia 1 000 viviendas públicas; Mogán proyecta 254 viviendas asequibles. Sin embargo, estas cifras palidecen ante la existencia de cientos de miles de inmuebles vacíos. Faltan medidas contundentes de movilización del parque vacío, mecanismos sancionadores reales, y políticas de alquiler social contundentes.

Desde una perspectiva jurídica, lo ocurrido en Bahía de Formas ejemplifica la transformación del derecho en ilegalidad. Las familias allí presentes no han ocupado por capricho, sino por desesperación. Aunque la Constitución reconoce la vivienda como derecho fundamental de carácter prestacional, la práctica institucional la ha mercantilizado sin garantizar eficacia real.

No está en la llamada “ocupación” el verdadero problema, por más que haya sido magnificada por una aterradora propaganda propietarista, alimentada incluso por escuadras de inspiración nazi-fascista que han creado “empresas desocupas”, actuando impunemente sin que el Estado democrático haya tenido la fuerza de ilegalizarlas. El verdadero problema radica en el acaparamiento y la especulación: en los grandes propietarios que mantienen cerradas viviendas, en la inversión salvaje que convierte hogares en activos financieros, y en el mercado que antepone el beneficio al derecho humano.

El caso Bahía de Formas interpela a nuestras instituciones: la dignidad humana debe imponerse sobre la especulación inmobiliaria. El Estado de Derecho no debe limitarse al desalojo, sino garantizar alternativas habitacionales previas. Su inacción vacía de contenido el artículo 47 CE y degrada el principio de Estado social y democrático de Derecho del artículo 1.1 CE.

La crisis de Bahía de Formas no es un accidente; es el resultado de años de omisión política, mientras el turismo devoraba el suelo y el mercado expulsaba a los más débiles. El fracaso de las políticas de vivienda en Canarias se mide no solo en cifras, sino en vidas destruidas, personas tratadas como ilegales en su propia tierra. La pregunta, en clave jurídica y política, es inevitable: ¿están nuestras instituciones y, en especial, el poder judicial, dispuestas a tomar y ejecutar decisiones en favor de los derechos de las personas a acceder a una vivienda digna y a no ser desalojadas hasta tener una alternativa habitacional, o seguirán gobernando para las élites propietaristas, que exigen inconstitucionalmente una protección absoluta del derecho a la propiedad privada, en especial de la vivienda?

José Manuel Rivero. Abogado.


https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/residentes-asentamiento-bahia-formas-pueden-irse-20250823205411-ga.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=&vso=wh&vli=

Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria deben dedicar el 53% de su salario para pagar un alquiler

Los españoles deben dedicar de media el 52,61% de su salario bruto para cubrir el alquiler de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, según un informe del portal inmobiliario pisos.com, que apunta además que alquilar una habitación en un piso compartido supone un 18,46% del sueldo.

Un total de once capitales de provincia superan el 50% del salario bruto destinado al alquiler: Barcelona (114,07%), Madrid (100,98%), San Sebastián (77,41%), Palma de Mallorca (74,58%), Valencia (63,99%), Bilbao (63,68%), Málaga (59,92%), Sevilla (56,39%), Las Palmas de Gran Canaria (53,28%), Vitoria (50,64%) y Gerona (50,30%).

Por el contrario, las capitales de provincia en lo más bajo del ranking son: Ciudad Real (28,81%), Orense (29,27%), Zamora (29,47%), Jaén (30,16%), Lérida (30,22%), Palencia (30,26%), Badajoz (31,51%), Cuenca (31,75%), Albacete (32,18%) y Huesca (32,60%).