Negada nacionalidad a una nigeriana, con diez años cotizados en Canarias, por no saber español

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Registro Civil de Arrecife (Lanzarote) que negó la nacionalidad española por no entender bien el idioma a una mujer nigeriana que reside en la isla desde hace 14 años, tiene dos hijos españoles y ha cotizado diez años a la Seguridad Social.
En este caso, la Dirección General del Registro Civil reconocía que esta mujer reúne "los requisitos generales de residencia exigidos para la concesión de la nacionalidad", pero también defendía que no ha demostrado que esté integrada en la sociedad española, "ya que no conoce suficientemente el idioma".
En una sentencia fechada el 21 de julio, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional subraya que el juez encargado del Registro Civil de Arrecife puso de manifiesto en su informe que esta mujer no entendía la mayoría de las preguntas que le hizo cuando se entrevistó con ella y que tuvo que repetírselas de otra manera para que lograra comprenderlas.
Y, en cuanto a la cultura española, apuntaba que "básicamente su conocimientos se reducen a los colores de la bandera española, cuántas islas hay en Canarias y el número de comunidades autónomas de España, pero desconoce el nombre del presidente de la comunidad donde reside, así como la bandera de Canarias".
"También desconoce prácticamente la totalidad de las preguntas relativas a la geografía, la historia y vida cultural española, idiomas oficiales y con qué periodicidad se celebran las elecciones", explicaba el juez del Registro Civil.
La Audiencia Nacional remarca el hecho de que esta mujer tenga tan deficiente nivel de comprensión oral del idioma español, "pese a residir legalmente en España desde hace 14 años y pese a venir realizando actividades laborales, lo que supuestamente debería propiciar su relación y comunicación oral con el entorno".
"Parece bastante evidente que difícilmente puede conseguirse una integración si no se conoce el medio de expresión utilizado, el idioma común de obligatorio conocimiento por los miembros de la sociedad respecto de la cual manifiesta su voluntad de ser nacional", argumenta la magistrada ponente, Felisa Atienza.
La sentencia recuerda que la solicitante no ha alegado ninguna otra actividad de carácter social o cultural que ponga de manifiesto su integración "en la vida y costumbres españolas, más allá de su trabajo y residencia en España junto a su marido e hijos".
En cuanto a su ignorancia sobre cuestiones de actualidad y de organización política de España, "al alcance de cualquiera que se implique en el país", la Audiencia defiende que desconocer "las instituciones básicas resulta incompatible con el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de nacionalidad".
La magistrada ponente enfatiza, al respecto, que una cosa es trabajar en España y otra tener la nacionalidad, porque con esta última "se adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

CSI-F denuncia abusos de la dirección del Centro Penitenciario Salto del Negro

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denuncia que el director del Centro Penitenciario Salto del Negro de Las Palmas obliga a los funcionarios a abrir y cerrar la barrera del parking de visitas externo al centro, dándose la circunstancia de que hace un año que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias contrató empresas de seguridad para realizar las labores que hasta ahora eran desempeñadas por los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.

CSI-F lleva años denunciando esta situación, ya que considera que es una parte externa al centro, que sirve para que aparquen los visitantes, así como los internos y familiares que vienen de visita. No se entiende que sea el único centro donde sucede esto, ya que tanto en Canarias como en la Península esta labor es llevada a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y, desde hace un año, por los vigilantes contratados.

La situación raya en lo ridículo si tenemos presente que, después de una reciente denuncia ante la Inspección de Trabajo, se detectó falta de la valoración de dicho puesto, ya que el mismo, como se dice, es externo y en ningún caso se consideró necesaria su valoración.

El mendigo es victima y no verdugo

 

Cardona: "Es un drama, hay sitios para que nadie viva en la calle, pero no los usan"

No eche la culpa a la victimas y se haga usted el santo. Las personas que duermen en la calle son porque políticos como usted las han creado, con sus políticas de desigualdad y con el olvido de ellas en todo el año.

No se duerme en la calle porque se quiere se duerme en la calle por insolidaridad de esta sociedad, que antes palabras como estas no le pidan a usted que se marche usted a su casa que si la tiene y ellos no.

 

Las sobras para los "pobres":¿Este es el plan contra la pobreza que prepara el Gobierno?

Hoy hemos sabido que el Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad una propuesta hecha por un diputado de Coalición Canaria por la que se pretende aprovechar la comida sobrante de los colegios para ayudar a familias con dificultades, para lo cual se insta al Gobierno de Canarias a que modifique la normativa de los comedores escolares en Canarias, y así poder llevarla a la práctica. En la Plataforma por la Dignidad, por supuesto, no estamos a favor del despilfarro de comida en los colegios, pero de ahí a que una medida como esta la veamos como buena dista un mundo.

Por las razones que exponemos a continuación:

Primer argumento y más importante: porque en Canarias hay riqueza suficiente para no tener que llegar a tomar medidas como esta. Para muestra de ello sólo hay que contar el número de grandes fortunas, que no deja de crecer, también en Canarias; o los 11.000 millones de euros que se mueven al año en Canarias sin declarar a Hacienda; o el sueldo de los diputados y demás cargos políticos; o lo que se gasta el Gobierno de Canarias en concesiones tecnológicas a empresas privadas afines; o lo que se deja de ingresar por la RIC para beneficiar únicamente a unos pocos empresarios; o la miseria que asignan anualmente desde la Consejería de Inés Rojas a la partida de la Prestación Canaria de Inserción, sólo 20 millones de euros de unos presupuestos anuales de más de 6.000 millones de euros, y así pasa lo que pasa, y no le llega a casi nadie, y tardan años, y engañan a la gente en los Ayuntamientos con mil papeles para no darles la ayuda.  

Segundo argumento: porque con esta medida se fomenta la segregación o la estigmatización de la gente en clases sociales, como ya pasó con los comedores segregados para niños "pobres" en verano o como pasa con las colas en las puertas de las ONG que reparten comida.

Sus señorías se olvidan de la dignidad de las familias al votar a favor de esta medida, ignorando cómo y en qué condiciones se va a repartir dicha comida, mostrando así que nunca fueron familia precaria, de lo contrario habrían sabido que lo último que quiere una familia con pocos recursos es tener que hacer cola o asomarse a una ventana donde todos puedan ver lo pobrecitos que son recogiendo comida que otros desechan.

Tercer argumento: porque es una vergüenza que sus señorías, cobrando lo que cobran y estando supuestamente muy bien formados académicamente, tengan que estar proponiendo y debatiendo medidas que las puede pensar y proponer hasta un niño de Primaria, y que son las típicas medidas que se plantean en las asociaciones de barrio y en las ONG. En otras palabras: una medida como esta no debería nunca llegar al Parlamento, bastaría con ser trabajada localmente con cada colegio, en cada Ayuntamiento, en base a las necesidades concretas. Al llevar esta propuesta al Parlamento y aprobarla de manera genérica para toda Canarias, pueden estar creándole sin saberlo un problema mayor a los colegios, por cuestiones sanitarias o de almacenaje, y porque además, al aprobar medidas paliativas tan lamentables -como cuando apoyan los telemaratones solidarios y no contentos con eso salen a hacerse la foto-, sus propias señorías están admitiendo su fracaso como gestores públicos elegidos y puestos ahí por los ciudadanos, cuando deberían estar gestionando y repartiendo como es debido los recursos que manejan nuestras Administraciones en sus propios presupuestos, que son muchos por cierto y siguen estando muy mal repartidos.

Por todo ello, no podemos más que condenar y lamentar que una medida como esta, una ocurrencia, haya sido aprobada por unanimidad en una institución aparentemente muy importante, como es el Parlamento, que sus señorías se esfuerzan por degradar.

Por eso preguntamos también, ¿esto es el Plan Contra la Pobreza que aprobó el Gobierno de Canarias hace unos meses? ¡Ya está bien! ¡Dejen de engañar a la gente!

 

El pecado de ser ‘irregular’ y estar embarazada

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Mercedes tiene 22 años de edad. Inmigrante por necesidad, desde hace un lustro reside en Tenerife. Padece diabetes de tipo 1 desde los 15 años, y hace poco supo que está embarazada. Nada más enterarse de su estado, acudió al centro médico por el alto riesgo que para su salud suponía su embarazo. Sin embargo, por encontrarse en situación administrativa irregular, no la atendieron. De su ambulatorio la remitieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde solicitó un número de afiliación para ser atendida durante la gestación, pero también le fue denegado. “El embarazo es responsabilidad tuya, vete a la medicina privada”, le dijeron.
Después de un largo periplo burocrático, la primera ecografía no se le realizó hasta las 20 semanas de embarazo y solo a raíz de sufrir un accidente de tráfico. El alto riesgo de su estado hizo que tuviera que acudir a urgencias en varias ocasiones, hasta que finalmente decidieron ingresarla. Cuando recibió el alta, el centro sanitario se negó a facilitarle la medicación que requiere. Ante la gravedad de su situación y la falta de ingresos, Médicos del Mundo le ofreció costear el tratamiento durante varios días.
Su historia, relatada por ella misma a la organización humanitaria, ilustra un informe publicado ayer por la entidad, que asegura que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más inmigrantes irregulares han sido excluidos sin motivo del sistema (hay al menos una docena de casos documentados solo en la isla de Tenerife) desde que el 1 de septiembre entrase en vigor el Real Decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud.

Denuncian que el Ayuntamiento restringe derechos a los ‘sin techo’

INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife

El número de personas que buscan un lugar donde cobijarse y vivir fuera de la calle es cada vez mayor en Santa Cruz a medida que aumenta la cifra del paro. La Plataforma por la Dignidad de las Personas vuelve a dar la voz de alarma tras tener que atender el pasado viernes a una persona que estuvo a punto de morir en la vieja fábrica de Celgan. Esta organización argumenta que los sin techo no son atendidos porque no están siquiera empadronados, con lo que no pueden acceder a los Servicios Sociales, ni a las prestaciones, y ni siquiera a las ayudas de las ONG. “Es como si no existiesen”, enfatiza el portavoz, Eloy Cuadra, quien ha presentado un escrito al alcalde de la capital, denunciando la situación a la que se enfrentan cada día las personas sin hogar y exigiendo una solución inmediata a este problema.

Crece el número de ancianos abandonados en el Hospital General

EUGENIA PAIZ | Breña Alta- LA PALMA 
 Un total de 15 ancianos permanecen abandonados, con el único amparo del Servicio Canario de Salud, en la planta cero del Hospital General de La Palma. Esta es la cifra oficial dada a conocer por el Área de Salud de La Palma en la reciente reunión convocada por la Consejería de Bienestar Social del Cabido palmero a petición de la La Federación de Personas Mayores de La Palma.
 Esta situación de abandono, algunos desde hace varios años, es conocida por el entorno social de las familias, “algunas con recursos suficientes y además cobrando la pensión de sus mayores mientras ellos están ingresados en el Hospital”.

SIN PALABRAS

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma
En los últimos meses la sanidad palmera se ha visto abocada a asumir nuevas realidades sociales “graves y penosas”, producto del “abandono” de “varios ancianos” por parte de sus familiares en el Hospital General de La Palma, tras producirse un ingreso breve por alguna patología o, sencillamente, tras acudir al Servicio de Urgencias, de donde no han sido recogidos por sus propios hijos. Aunque el listado de casos es “muy variado”, según confirmaron fuentes autorizadas de la gerencia del hospital, el más reciente es el caso de una mujer octogenaria que, tras ser trasladada por sus hijos al Servicio de Urgencias, ha permanecido “durante más de 20 días ingresada en una cama de este servicio”, hasta que la gerencia del hospital decidió, “por humanidad” y “porque no podíamos dejarla abandonada, autorizar su ingreso” en una de las plantas del centro sanitario.
Informes
La anciana, que fue dada de alta horas después de ingresar en Urgencias por una pequeña dolencia, no tenía a dónde ir. Tras varios intentos infructuosos por contactar con alguno de sus seis hijos durante varios días, uno de ellos trasmitió al hospital la imposibilidad de hacerse cargo de su madre. El caso, que fue abordado “como otros” a través de un minucioso informe realizado por el departamento de asuntos sociales del centro sanitario, dándole traslado a uno de los juzgados de Santa Cruz de La Palma, “no pudo solucionarse más que por la vía de recoger a la mujer en nuestro hospital mientras esperamos por una plaza de residencia a través del Cabildo, dado que el juez nos ha dicho que no puede obligar a la familia a hacerse cargo de la anciana”.
El gerente del Hospital General de La Palma, José Izquierdo, expresó que “debe producirse un cambio legislativo en esta materia que permita a los jueces y a la fiscalía hacer algo más por estas personas, reclamar un comportamiento humano por parte de los familiares”. Botella confirmó que “hay personas que llevan mucho tiempo ingresadas en este hospital por esa situación”, al tiempo que expresó su pesadumbre ante la falta de herramientas legales para afrontar este asunto.
Otros casos de abandono en este hospital se han dado con personas jóvenes que han sufrido daños neurológicos.