Por J.S. Mujica
El desarrollo del negocio eólico en Canarias está al borde del colapso. En cinco meses se cierra el cupo exigido por el Estado para beneficiarse de las ayudas públicas. Las empresas que se queden fuera dejan de ser rentables.
El 70% de la potencia asignada hace nueve años corre el riesgo de perderse en el camino como consecuencia de los desacuerdos entre inversores y la Administración.
Las discrepancias entre las empresas y los gobiernos central y canario duran años, pero ahora “estamos ante la última oportunidad”, exclama con desazón uno de los inversores afectados por el procedimiento.
Las empresas que ganaron la asignación de potencia (440 megavatios para las Islas) están obligadas a cumplimentar la declaración de impacto medioambiental. De los 39 parques autorizados, menos de 10 han superado la criba.
Según fuentes oficiales, unas veces, por la maquinaria burocrática y, otras, por la “desidia empresarial” que no “termina de entender cómo funciona la Administración”.
Expertos energéticos consultados por Meridian consideran que a las empresas les falta “acompañamiento y asesoramiento” para adecuarse a las decisiones de órganos como la Cotmac (Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias).