la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, a la cual se
ajusta el planeamiento, si lo establece. Su artículo 23 fija el «deber
de atenerse al uso turístico», y el 24 es aún más que claro. «Cuando
se haya producido un cambio de uso no autorizado o cuando no permanezcan
en explotación turística más del 50% de las unidades» podrá proceder a
la sustitución del propietario.El temor a que la nueva ley de renovación turística expropie inmuebles en la zona turística del Sur ha hecho saltar todas las alarmas y llegado a Europa. El alcalde de San Bartolomé reiteró que es falso que eso lo vayan a realizar con el Plan General. «Es competencia del Gobierno canario», indicó.
Este temor, redes sociales mediante, se ha extendido como el aceite «y
ya está en Europa», indicó ayer el presidente de la comunidad de
propietarios del complejo Monte Rojo, Miguel Mesa Fernández, quien
durante la mañana recibió más de una decena de llamadas de propietarios
de Noruega, Suecia, Alemania y Gran Bretaña, y todos con la misma
pregunta: «¿Es verdad que quieren expropiarnos nuestro apartamento?».Mesa afirma que la «inseguridad jurídica que ha creado esto es
incalculable, ya que en su complejo se han paralizado dos operaciones de
compraventa debido a la incertidumbre que ha creado», indicó.Muchos residentes canarios, han trasladado su primera residencia al sur de la isla, ya sea por trabajo, jubilación, etc. éste es el motivo por el cual están sumamente preocupados, ya que con esta ley no pueden disfrutar personalmente de sus propiedades a su libre comodidad.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP), ha asegurado este miércoles a Efe que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del municipio no preve cambios de uso en las zonas turísticas, cuyo "statu quo seguirá inalterable, como lo ha estado en los últimos 50 años".
El alcalde ha estimado que tras la polémica se esconden "intereses políticos y de despachos de abogados que tratan de obtener rendimiento"
El alcalde ha querido tranquilizar de esta forma a los propietarios de segundas viviendas que temen que se les prohíba residir en ellas y se les obligue a cederlas a empresas de explotación turística en virtud del reglamento que desarrolla la Ley de renovación y modernización turística de Canarias.